Tres antiguos trabajadores de la extinta empresa pública de la Diputación de València Imelsa (Impulso económico local SA) confirmaron el caos que reinaba en la mercantil y que sirvió de abono para la proliferación de presuntas prácticas corruptas, en la nueva sesión de la pieza separada de Thematica Evetns del caso Taula, que se celebra desde el 2 de mayo en la sección quinta de la Audiencia de València . La declaración más demoledora para las defensas fue la del director económico financiero de 2013 a 2019, J. L. C. B. El exdirectivo confirmó que el sistema de "la norma que había [en Imelsa] de factura y pago, sin nada que soportara el servicio era la ideal para que pasara lo que pasó: que existieran facturas falsas. Este control inexistente nos llevó a la situación que nos llevó", aseguró en respuesta al abogado de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa.

Este testigo fue contratado por Benavent para sustituir a José Enrique Montblanch, investigado en la causa, al frente de la dirección económica-financiera de Imelsa y de quien recibió un "regalo" envenenado. "El último día que trabajaba me dio un requerimiento de la Agencia Tributaria sobre una empresa Flying Tiger SL del año 2011 y 2012 que no se había contestado y fue la primera tarea que tuve que hacer" en solitario ya que ambos directivos convivieron tres meses para realizar un "traspaso de poderes al uso sin ninguna profundidad". J. L. C. G. detalló al tribunal cómo trabajó la información de Flying Tiger SL "en tres frentes: buscas las facturas, los pagos y la acreditación del servicio que consistía en la instalación de unas facturas en Llutxent". La sorpresa llegó cuando el pago de 60.000 euros que hizo Imelsa por este asunto "no tenía documentación soporte. Las farolas nunca se pusieron y no fue un servicio prestado. Reclamé ese importe y denuncié los hechos".

Una inspección posterior de la Agencia Tributaria en el impuesto de sociedades que abonaba Imelsa detectó que "de 2010 a 2013 se pagaron 1,2 millones en facturas sin soporte, falsas o sin servicio prestado detrás" que avalara el pago. "No se incurrió en delito fiscal porque no se superó el importe previsto en la ley (120.000 euros) al tener Imelsa una bonificación del 99%".

A partir de ahí el director económico-financiero incorporado en 2013 instaló filtros para un mayor control de las facturas abonadas con dinero público (informe de necesidad, existencia de crédito y cuño de los jefes de servicio que acreditaran el trabajo y el precio de mercado). Las defensas han argumentado en las vistas que no estaban obligados legalmente a este control. "Las medidas de control implantadas eran diligencias de vida. Era porque había que hacerlo, no por un cambio legislativo, sobre todo después de encontrarte facturas falsas", rebatió el testigo.

También desmitificó la diligencia en "pagar a treinta días a los proveedores" de la que presumía Imelsa y la Diputación de València. "No se pagaba por motivos políticos, no era ese el motivo. Cuando tienes 1,2 millones en facturas falsas, pagar a 30 días, es peregrino. Prefiero tardar en pagar más pero pagar por cosas ciertas", aseguró el exdirector económico financiero.

El ex interventor de la Diputación de València, R. C. G., que ahora trabaja en la vicepresidencia primera de la Generalitat, declaró que cuando llegó en 2010 a la Diputación de València "la estructura de los servicios económicos financieros habían entrado en colapso al tener 2.500 proyectos de inversiones por cerrar y liquidar. Había más de 2 millones de euros en liquidaciones del consorcio pendientes de liquidar y notificar. Además no se fiscalizaba el capitulo uno de gastos, no tenía implantada la factura electrónica ni un plan de saneamiento". El descontrol venía de atrás. "Durante 22 años no se hizo el control financiero que exigía la ley desde 1988 a las empresas públicas de la Diputación: Egevasa, Consorcio de Bomberos, Patronato de Turismo".

Por último, el gerente de la extinta Divalterra desde septiembre de 2018 a marzo de 2021, A. M. A. y que firmó los informes sobre la facturación falsa aportados a la causa confirmó que el espectáculo Metamorphosis, contratado por Imelsa a Thematica Events por  234.645 euros "no tenía expediente de contratación".