Un empresario investigado en una derivada del Caso Imelsa protagoniza un hecho insólito: la devolución a plazos de la mordida que se agenció antes de ser juzgado y condenado. Los detalles de esta sorprendente reacción, que debería ser más normal pero que resulta inédita en el día a día de la lucha contra la corrupción, se desvelaban ayer en el auto del Juzgado de Instrucción 9 de València que ha decidido procesar al empresario Vicente Calvo Navarro junto al exyonqui del dinero y exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

El delito del que se les acusa: falsificar unas facturas para que la empresa Flying Tiger SL cobrara en 2013 un total de 60.000 euros por la renovación del alumbrado en Llutxent (la Vall d'Albaida) que nunca se ejecutó. Ejerció de intermediario en esta operación un hombre llamado Francisco Albiol, ya fallecido, que era "primo del propietario de la empresa", según el auto del Juzgado de Instrucción 9 de València.

El delito fue detectado por Hacienda, al comprobar que el empresario no había pagado el IVA. También se comprobó "la inexistencia de ningún soporte documental relativo al proyecto, a los supuestos trabajos facturados ni a cualquier cuestión relacionada con ello". El empresario admitióhaber cobrado los 60.000 euros "sin contraprestación alguna" por lo que se comprometió a su "devolución con intereses" mediante la firma de un documento junto al entonces gerente de Imelsa, suscrito el 27 de noviembre de 2014. Días antes de la firma del documento, Vicente Calvo pagó los primeros 10.000 euros a cuenta de la mordida. Y pactó con Imelsa comenzar a abonar en plazos de mil euros al mes los 50.000 euros restantes a partir de octubre de 2015. Un compromiso que ha cumplido religiosamente desde entonces, según recoge el auto hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).

Aunque la devolución de la mordida no ha eximido al empresario de acabar procesado junto al exyonqui del dinero, Marcos Benavent, que se enfrenta así al primer procesamiento por corrupción desde que reapareció el 26 de mayo de 2015 y decidió colaborar con la justicia para convertirse en una especie de GPS humano en la trama corrupta enla Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València que investiga el caso Taula.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València, Miguel Ángel Casañ, ha dictado auto de procesamiento contra el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y contra el empresario Vicente Calvo Navarro por los presuntos delitos de estafa, falsedad y malversación de fondos públicos cometidos en el pago de los tres pagarés emitidos para abonar la sustitución del alumbrado en Llutxent, por valor de 60.000 euros, que nunca se llegó a ejecutar.

Las partes tienen ahora diez días para solicitar el sobreseimiento de la causa, la apertura del juicio oral o la práctica de nuevas diligencias. La investigación llegó a archivarse en febrero de 2016 (cuando sólo estaba investigado el empresario) pero la Audiencia de València ordenó la reapertura y la imputación de Benavent y otro exdirectivo de la empresa pública Imelsa.