Hasta ahora había sido Compromís y su líder, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, la que había liderado la voz contraria al proyecto legislativo con el que la Conselleria de Justicia busca sancionar a clientes y locales donde se ejerce la prostitución con un claro fin abolicionista. Sin embargo, los departamentos que dirigen la coalición valencianista no han sido los únicos que han presentado alegaciones contra la modificación de la ley de Espectáculos que plantea Gabriela Bravo.
Oltra ha encontrado en el máximo representante de Unides Podem en el Consell, Héctor Illueca, un aliado dentro del gobierno valenciano a los reparos hacia la propuesta sobre la prostitución de Bravo. Así, las tesis planteadas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda al cambio legislativo son muy similares a las esgrimidas por la Conselleria de Políticas Inclusivas e Igualdad: crítica a las medidas "punitivistas" y riesgo de que estas solo conlleven "clandestinidad".
Del anteproyecto de ley expresa que tiene "un carácter punitivo que podría acabar condenando a la prostitución a su práctica en la clandestinidad si no se acompaña de alternativas para las mujeres en contextos de prostitución". Además, señala que esta modificación "no contribuirá a abolir la prostitución, sino a ocultarla, reduciendo el amparo y la protección de las mujeres que se encuentran en situación de prostitución".
El escrito de la vicepresidencia segunda es menos duro en las formas que la respuesta dada por Oltra, que acusaba a Bravo de "arrogarse" competencias de su departamento en materia de igualdad. Es más, desde el entorno del líder morado señalan que el texto presentado busca ser "una alegación constructiva, abierta al diálogo y sin entrar en polémicas", intentando distanciarse de la tensión generada entre PSPV y Compromís por el asunto.
Si la definición de Ortega y Gasset es la del "yo soy yo y mis circunstancias", un alegato de que nadie es independiente a la situación que le aflige, cada acción política está marcada por el contexto. Y el escrito sitúa al espacio de Unides Podem más cerca de Oltra que de los socialistas. No es una novedad esta proximidad, pero la refuerza en un tema en el que la Vicepresidencia Segunda no tiene competencias directas. Oltra, además, es el nombre de Compromís más afín al espacio que en la Comunitat Valenciana representa Illueca.
Tampoco se puede extraer la presentación de estas alegaciones del contorno ideológico del propio espacio. En los propios documentos de trabajo del partido, tanto en su versión estatal como autonómica, Podemos reconoce que la prostitución es un "asunto de gran complejidad" y que piden afrontar "poniendo en el centro a las mujeres y escuchando a las afectadas". Podem se ha mantenido al margen de la polémica entre Oltra y el PSPV y su posición ha sido más bien de perfil hasta que se ha conocido la presentación de alegaciones.
El debate sobrevuela también a la formación en España con el próximo debate de la ley presentada por el PSOE en el Congreso. A rasgos generales y con todos los matices que genera un debate complejo, la formación considera que la prostitución "no es una salida deseable en el horizonte feminista" y que esta es un reflejo de la desigualdad de género. Esto supone alejarlas de posturas que aceptan la legalización de esta actividad, pero reclaman, como queda patente en las alegaciones, que las medidas que se tomen al respecto no sean solo "punitivistas" sino de inclusión social y económica.
