Entre los aplausos y con la bancada de la izquierda en pie se escuchó un "muerto el perro, se acabó la rabia". Divalterra, antigua Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia ya es historia. La última Junta General de la compañía, celebrada en el pleno de la corporación provincial, certificó su extinción entre los votos a favor de PSPV y Compromís (que componen el gobierno provincial) y la abstención del resto de formaciones de la derecha.
"Se acabó, punto y final" fueron las palabras con las que Toni Gaspar, presidente de la institución, confirmó la disolución de la empresa con 33 años de historia. Divalterra se llama así desde 2016, hasta ese momento, ya con la izquierda en la dirección, era Imelsa. Fue fundada en 1988 por un presidente socialista, Antoni Asunción. Años después, su nomenclatura estaría vinculada a un caso de corrupción que hasta adoptó la denominación de la compañía.
Es esta vinculación con los escándalos la que hicieron que en 2016 cambiara su nombre para impulsar una nueva etapa y la que finalmente ha terminado por certificar su extinción. Las falsas contrataciones de los llamados 'zombies', los presuntos pagos de las campañas electorales del PP, los 250 euros gastados en gintonics por el gerente ya bajo el nombre de Divalterra, la investigación por informes jurídicos que terminó en el 'caso Alqueria' y la destitución de Jorge Rodríguez como presidente de la corporación provincial o las pesquisas sobre presuntas irregularidades vinculadas a José Luis Vera, salpicado por el caso Azud, han acabado por enterrar el ente.
El proceso de liquidación ha durado 453 días desde que el 23 de marzo de 2021 el presidente Gaspar anunciara la decisión de acabar con un ente "demasiadas veces utilizado como icono de la perversión". "El primer día que llegamos nos encontramos una sociedad descabezada y el personal desmoralizado", ha explicado por su parte la responsable de la compañía liquidadora que ha aplaudido que finalmente el proceso haya "salido bien".
Por su parte, el máximo responsable provincial ha recordado que la decisión de cerrar Divalterra se tomó "para garantizar la dignidad y la estabilidad laboral de sus trabajadores, para acabar con la incertidumbre, el desprestigio y la ineficacia de una firma que tantas veces se ha alejado de su objeto fundacional, y para que las brigadas dejaran de ser prebenda o moneda de cambio de algunos políticos o coto particular de ningún ayuntamiento".
La mayor parte de estos trabajadores han pasado a formar parte del Consorcio Provincial de Bomberos desde donde han de realizar ahora sus labores. Ese traspaso de personal se realizó con éxito a principios de año después de varias negociaciones. El último trabajador sobre el que se decidió fue sobre Vera, con un contrato de alta dirección, sobre el que se decidió su despido. Sus altas retribuciones y su vinculación al caso Azud han sido definitivas para que se optara por rescindir su contrato.
El cierre definitivo de la empresa pública Divalterra ha dejado un remanente de 3 millones de euros, que pasan a la corporación provincial y un balance de 87 bajas voluntarias e incentivadas que han costado cinco millones en indemnizaciones. Gaspar ha agradecido a la bancada de la oposición "los silencios públicos y los consejos discretos para salvaguardar la dignidad de muchas familias valencianas", y ha criticado el "ruido político improductivo e irresponsable, el que busca el protagonismo sin pudor ni memoria".
