El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a Igualdad a pagar los gastos de 8 meses que una residencia cuidó gratis de una mujer dependiente. En total son 16.445 euros gastados por una residencia privada de la provincia de Castelló que atendió gratis a esta persona, que estaba ingresada en el Hospital Provincial y fue derivada a esta residencia por el propio hospital por necesidad y al no tener concedida ninguna plaza pública. La denunciante explica que tardó más de dos años en recibir su prestación, a pesar de que la administración tiene la obligación de contestar en un plazo de 6 meses.
La afectada pidió la ayuda el 16 de noviembre de 2016 y no tuvo resolución del PIA (un diagnóstico del grado de dependencia y la prestación que corresponde) hasta casi dos años después, el 24 de septiembre de 2018. La ayuda que se le otorgó fue de 1.950 euros al mes. Solicitó la ayuda para una residencia en 2016 por «el deterioro físico y mental» y la imposibilidad de sus padres, de avanzada edad, para cuidarla.
En julio de 2017, tras sufrir una crisis, fue ingresada en el Hospital Provincial de Castelló y estuvo allí hasta el 4 de septiembre de 2017, cuando el personal médico diagnosticó la necesidad del ingreso «en residencia apropiada». Como no obtuvo respuesta para una plaza en la pública, acabó siendo internada en un centro privado con la promesa de que iba a ser cuidada gratis hasta que recibiera la ayuda de la conselleria. El centro estuvo cuidándola gratuitamente ocho meses y 13 días, ya que no era posible que volviera a su domicilio y tampoco tenía plaza en la pública. En este punto es donde conselleria considera oportuno pagar los atrasos solo desde la resolución de la ayuda, pero como recuerda su abogada Sandra Casas, especialista en discapacidad y dependencia, Igualdad dispone de un plazo de seis meses para contestar a la solicitud, y pasado ese plazo se considera silencio administrativo positivo. Mientras que Igualdad reclamaba pagar 3.000 euros de atrasos la residencia ha sido compensada con 16.400 euros.
Además, al no disponer de una plaza pública, la conselleria debe pagar el dinero para que la persona pueda ser cuidada en un centro privado. Para Casas «las asociaciones, entidades y centros asumen obligaciones de la administración porque tienen el corazón más grande que los que realizan los presupuestos para poder dar servicios a las personas vulnerables», y añade que «es un drama lo que sufren las personas con problemas de salud mental y sus familias». «Así —continúa— se les mandan a casa a la espera de una plaza residencial que nunca llega, y de vuelta al hospital». Para finalizar remarca que «ha sido una suerte que esta mujer encontrara unas personas que han apostado por ella».
Resolución tardía
En el recurso de la mujer dependiente se critica que Conselleria resolvió tarde el Programa Individualizado de Atención (PIA) y además critica que se le concedió sin serle notificado, ya que no le llegó la resolución y acabó aprobado al pasarse el plazo de 30 días. También denuncia que se tome de referencia una fecha «sin apoyarse en ninguna base legal» para cobrar los atrasos de la ayuda.
La prestación económica —explica Sandra Casas en el recurso— se reconoce oficialmente 6 meses después de la no resolución de la ayuda, es decir, el 17 de mayo de 2017. Pero conselleria reclama los atrasos desde el 9 de agosto de 2018. Pese a todo la denunciante ha reclamando los atrasos, no desde 2017, sino desde el 1 de enero de 2018, pese a que la conselleria quería pagar desde el 9 de agosto . Así, el recurso denuncia que «la conselleria ha negado el derecho de C. a los atrasos por todo el tiempo que tuvo que hacer frente al coste de la mensualidad de la residencia privada».
