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El TSJCV obliga al Consell a incluir como personal propio de Vaersa a 222 trabajadores

La Sala de lo Social atiende una demanda de UGT dos años después de regularizar la situación de otros 879 empleados del ente público

Imagen de archivo de recogida de residuos en suelo forestal por parte de Vaersa. | GVA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana obliga a la Generalitat a incluir a 222 trabajadores como personal propio de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA (Vaersa). La Sala de lo Social recoge que todos aquellos puestos correspondientes a las encomiendas de gestión funcionales o estructurales y coyunturales, como se admite desde el propio ente, «responden a necesidades habituales y permanentes, o con vocación de permanencia en la entidad siendo necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de sus fines». Se da así la razón a la demanda presentada por UGT Serveis Publics PV.

Como recuerda el fallo, los 222 afectados no fueron incluidos en la relación de puestos de trabajo de Vaersa para el ejercicio 2020 publicada en abril de 2021, alegando después que no era posible «al no existir informe favorable de la Administración competente». El sindicato, mientras, incidía en que tal exclusión «provoca agravios comparativos al privar a los trabajadores de participar en las ofertas públicas y quedar fuera también de los procesos de reclasificación retributiva».

Algunas de las encomiendas estructurales, 133 en total, se remontan al año 1994. Entre los encargos destaca el personal destinado al Plan de vigilancia de incendios forestales, educadores ambientales en los parques naturales valencianos o el Banco de semillas y árboles monumentales. El grueso, sin embargo, se encuentra en el Servicio de Plagas y Senda Verde, con 39 trabajadores. Entre las últimas incorporaciones se encuentran hasta 25 repartidas entre las brigadas de mantenimiento de los espacios protegidos y la prevención del fuego.

Un patrón que se repite

En cuanto a las coyunturales, 89 en total, el patrón se repite con personal incorporado desde 1996. Figuran hasta 18 puestos de trabajo en el Laboratorio de sanidad vegetal de Silla y otros 13 en los Centros de Experimentación de IVIA, así como 21 en el mantenimiento de cortafuegos. En la memoria confeccionada por Vaersa del ejercicio 2020 se señalaba la existencia de 1.084 puestos de trabajo en encomiendas estructurales y 409 en las coyunturales, dejando al margen los 222 que ahora el TSJCV obliga a adjuntar también.

Un medio instrumental

Vaersa, como remarca la Sala de lo Social, es una empresa de titularidad pública cuyo capital social está suscrito en su totalidad por la Generalitat Valenciana. Es considerada por tanto un medio instrumental de la Administración autonómica a través de encomiendas de gestión, realizando los trabajos que ésta le encarga y que está adscrita a la Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Una anterior sentencia, de marzo de 2020, y también por una demanda planteada por la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT PV, lograba la inclusión de 879 trabajadores. Gonzalo Fernández, responsable del sector de Autonómicas del sindicato, calificaba de importantísimo el logro tras más de tres décadas de existencia de Vaersa «con falsas encomiendas» y un modo de proceder por parte de la Administración prohibido taxativamente por la normativa europea.

La fórmula jurídica

Fernández explica que se ultima ahora la fórmula jurídica para que el departamento que dirige Mireia Mollà pueda encargar los trabajos bien a través de una gestión directa o con un contrato programa. Para Fernández lo dictado por el alto tribunal supone un plus de protección laboral, al evitar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). «Se normaliza una situación que la ley europea prohibía e impides que se pueda despedir a la gente, algo que antes sí se podía hacer», explicaba

Vaersa y la Agencia Valenciana Antifraude firmaron hace unos días un protocolo «en favor de la transparencia y el buen gobierno» mediante el cual adoptará una planificación «para asegurar así el cumplimiento de la normativa y su integridad pública».

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