El número de personas con una prestación reconocida dentro de la ley de dependencia crece cada año, y la C. Valenciana es la autonomía que más beneficiarios incorpora desde 2019, con distancia respecto al resto. También es de las que más resoluciones de ayudas concede respecto a los casos que llegan. Todo ello pese a ser una de las peor financiadas por el estado.
Son las principales conclusiones del Observatorio de la Dependencia de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado hoy y que analiza los datos publicados recientemente por el Imserso. Los números (que corresponden cada uno a una persona y su realidad concreta) muestran una importante reducción de la lista de espera y una gran inversión pese al contexto económico complicado.
Una de las promesas de la exvicepresidenta y consellera de Igualdad Mónica Oltra fue acabar con las listas de espera a principios de este año, y aunque los datos muestran un importante recorte (de 22.000 en el año 2020 a 11.826 en estos momentos) , todavía queda lejos. En 2015, el "limbo de la dependencia" (personas con la prestación reconocida pero esperando a cobrarla) era de casi el 40 %, mientras en abril de 2022 gira en torno al 8 por ciento. Pese a todo, en el año 2021 más de 4.100 personas fallecieron en ese limbo, esperando una ayuda que nunca llegó.
Uno de los datos que destaca Fedea de la C. Valenciana es el elevado número de resoluciones positivas de personas a las que se les ha reconocido el derecho a una prestación, el 85 %. Se trata de la cuarta autonomía con mejor porcentaje solo por detrás de Galicia, Murcia y Canarias. La media Española es del 80 %.
El impacto de la pandemia
Uno de los datos más impactantes del informe es el duro golpe de la pandemia en el sector de la dependencia. Por ejemplo, las personas con derecho a prestación descendieron un 10,8 % en un año en la C. Valenciana. Es el territorio con peor dato de toda España solo por delante de Canarias, con un -13,4 %. En ese año, todas las comunidades autónomas registraron descensos excepto País Vasco que se quedó igual (0,1 %). En España las personas con derecho a prestación cayeron un 4,5 % de media.
Por contra destaca que la Comunitat es la autonomía que incorpora a más personas al sistema de dependencia de toda España, a mucha distancia del resto. Más o menos un 15 % de personas más dentro del sistema de dependencia cada año, un dato similar al de Asturias, con un 14 %, pero lejísimos del resto de autonomías que de media no llegan al 10 %. Algunas comunidades como Madrid, redujeron en un 7 % el número de personas cubiertas con ayudas de la ley de dependencia en la época más dura de la pandemia.
Dependencia de bajo coste
Otro de los aspectos que explora el informe es el tipo de ayudas que da cada autonomía (fundamentalmente hay dos, o económicas o de servicios). La C. Valenciana destaca por ser la que más apuesta por las ayudas económicas directas, que representan casi el 80 % de las ayudas, y los servicios poco más del 20 %. Estas prestaciones económicas van destinadas sobre todo al pago de cuidadores no profesionales, es decir, un familiar que se hace cargo de una persona dependiente y la administración le paga por ello.
Este tipo de prestación estaba contemplada como algo de carácter extraordinario en la ley de dependencia del año 2005, que buscaba priorizar la atención profesional ya fuera en casa o en un centro, pero en la práctica la excepción se ha convertido en la regla y es el tipo de ayuda más común tanto en la C. Valenciana como en el resto de España. Esta situación ha sido fuertemente criticado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que habla de dependencia low cost, ya que una plaza en un centro o un profesional acreditado supone invertir muchos más recursos.
El peor dato del informe es que dos de cada tres prestaciones en la C. Valenciana (61,9 %) se destina a cuidadores familiares. Se trata del territorio de España que más ayudas de este tipo concede, algo totalmente desaconsejado y criticado por asociaciones, familiares y organismos expertos. La media de España es de en torno al 30 %. Por contra, comunidades como La Rioja o Castilla - La Mancha apuestan por un modelo mucho más asistencialista donde prima el internamiento en centros.
Infrafinanciados
El estado tiene la obligación de aportar la mitad de la financiación del sistema de dependencia de las autonomías (aunque estás pueden invertir más, como es el caso de la Generalitat), pero la C. Valenciana solo recibe el 20 % del gasto total. Así, es el territorio de toda España que más dinero público invierte en dependencia, el 69 % del total. El resto (11 %) se financia a través del copago, y es el menor porcentaje de toda España, el resto de autonomías están por encima.
Desde 2018 el gasto público valenciano en el SAAD no ha parado de crecer (también impulsado por un chute a la financiación estatal el año pasado). De 519 millones en 2018 a 659 este año. Es de las pocas comunidades autónomas que no recortó la inversión en dependencia el año de la pandemia (2020), junto a Andalucía. También del reducido grupo que ha seguido aumentando el gasto público en el año 2021 (Andalucía, Galicia y Madrid).
