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Una ITV batalla contra la reversión de las concesiones en la C. Valenciana

El TJS admite el recurso de la concesionaria del sur de Alicante contra la creación de la gestora pública

ITV de Redován, que ha formalizado el recurso. | TONY SEVILLA

La ITV Vega Baja está plantando batalla a la reversión de las concesiones aprobada por la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite un recurso interpuesto por la concesionaria de la ITV Vega Baja (con sede en Redován) contra el decreto ley del Consell del pasado 22 de abril que autorizó la creación de la Societat Valenciana d’Inspecció Técnica de Vehicles Societat Anónima con el objetivo de la prestación pública del servicio. El decreto ley recurrido impulsa el proceso iniciado por el Consell para implantar la gestión directa en la prestación del servicio de ITV.

El 1 de enero de 2023 expira la actual concesión de 25 años que aprobó el Consell presidido entonces por Eduardo Zaplana. El ex jefe del Consell está procesado por una supuesta trama de cobro de comisiones derivadas de las concesiones de la ITV y es un compromiso de los socios de gobierno de la Generalitat su vuelta a la gestión pública. El Botànic defiende la reversión de las ITV para cerrar su «oscura» privatización con Zaplana.

La firma que gestiona la ITV Vega Baja formalizó el 1 de julio el recurso contra el decreto del Consell que crea la empresa pública. La concesionaria de Redován alega que al contrario de lo que sucede con el resto no les caduca la autorización el 31 de diciembre de este año. «Nuestra estación de Redován fue autorizada en 1983 por el Ministerio de Industria y Energía del Gobierno de España para prestar el servicio de ITV por un plazo de 99 años, es decir hasta 2082», sostiene la concesionaria. La sala de lo Contencioso del TSJ acaba de admitir a trámite el recurso y ha reclamado a la Generalitat el expediente administrativo para comprobar si vulnera la ley. En la Vega Baja hay otra ITV en Orihuela que defiende que está en la misma situación que la de Redován.

La Conselleria de Economía, que controla las ITV, ha apostado desde el principio por lograr un proceso de reversión a gestión pública «amable» y se ha sentado a dialogar con las afectadas. El Consell ha mostrado su predisposición a alargar la concesión alrededor de dos meses dado que ese fue el periodo que estuvieron estas estaciones cerradas por la covid-19 entre mazo y mayo de 2020. La conselleria está abierta a esa prórroga siempre que haya «una petición homogénea» de las empresas de inspección de vehículos y, además, «acrediten las pérdidas en ese periodo» como establece el Real Decreto del Estado de Alarma.

1.200 empleos

Por su parte, la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) se ha ofrecido a seguir prestando el servicio público hasta que la Generalitat esté preparada para asumirlo, al considerar que va a tener dificultades para cumplir los tiempos marcados.

La patronal defiende que el cambio no se debe hacer con las prisas de «unas fechas condicionadas por una decisión política y por una interpretación poco veraz de la situación logística y humana» de las estaciones que dan empleo a 1.200 personas.

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