El tripartito valenciano, PSPV, Compromís y Unides Podem, exhibió ayer imagen de unidad con un pleno extraordinario en el que aprobó la primera parte de la reforma fiscal valenciana, la que afecta a 2022, junto a la ley de Medidas Fiscales, la norma clave para desarrollar el presupuesto de la Generalitat de 2023. La jornada de unidad botánica la remató la puesta en escena del presidente, Ximo Puig, con los dos vicepresidentes, Aitana Más y Héctor Illueca, juntos para refrendar el acuerdo.
La reforma fiscal valenciana, reversible si hay un nuevo equilibrio de fuerzas políticas en el Consell, según la portavoz, tendrá finalmente un impacto de 180 millones, una estimación al alza que incluye las mejoras y nuevas deducciones que se introducen, según el conseller de Hacienda, Arcadi España.
Esos 180 millones no saldrán de recortes, asegura España. Para contextualizar el impacto hay que entender que el Consell ingresa por el tramo de IRPF autonómico 4.400 millones y por tributos propios, 2.800 por lo que las cifras de la reforma fiscal hacen que sea limitada sobre el conjunto del presupuesto, que se acercará a los 30.000 millones.
La vicepresidenta, Aitana Mas, admite que el acuerdo es reversible si cambian los equilibrios en el Consell
El conseller señala que no supone un gran problema para la Generalitat porque la reforma es «más social que fiscal» y la recaudación del Consell por efecto de la inflación ha aumentado.
Con el acuerdo de este lunes el gobierno valenciano refuerza su discurso de rebajas fiscales a clases medias y bajas, en un momento de gran incertidumbre internacional y reducción del poder adquisitivo de miles de familias, frente a autonomías como Madrid o Andalucía que eliminan impuestos como Patrimonio que solo pagan quienes más tienen.
La segunda parte de la reforma fiscal se verá en el presupuesto de 2023 donde se prevén subidas del impuesto de Patrimonio, una decisión política que choca con la de otras autonomías y que permitirá al Consell ingresar 25 millones más por esta vía que llegarán a 40 si se suma el aumento en Transmisiones Patrimoniales que se aplicará a transacciones inmobiliarias por encima del millón.
Aprobación por decreto
La rebaja a rentas de menos de 60.000 euros se aplica por decreto ley y modifica los tramos actuales. Un total de 2,3 millones de valencianos, el 97% de contribuyentes, se ven beneficiados como anunció el presidente Puig en el debate de Política General.
Además se incrementan los mínimos personales y familiares exentos de tributación, aumentan un diez por ciento todas las deducciones y los límites de renta para poder acceder a ellas y una nueva tarifa permite que los beneficios se concentren en rentas de menos de 30.000 euros.
Intereses de hipoteca y fertilidad
Unos 40.000 valencianos más que en la actualidad tendrá cuota cero y se amplían las deducciones por nacimiento o adopción, por alquiler de residencia habitual, por inversión en energías renovables y autoconsumo o contratación de empleados del hogar para cuidado de personas.
Y se crean otras nuevas por incremento de intereses en hipoteca de hasta 100 euros y el tratamiento de fertilidad que no esté cubierto por la sanidad pública para mujeres de 40 a 45 años.
La izquierda refuerza su discurso de rebajas fiscales a las clases medias y bajas frente a Madrid o Andalucía
Por contra, en la parte alta se crea una nueva tarifa de IRPF para las rentas más elevadas, aunque el impacto está por concretar, también se incrementa un 0,25 el impuesto de Patrimonio por encima de 1,3 millones descontando vivienda habitual y se eleva el tipo en las transmisiones patrimoniales, de más de 10,6 millones, que pasa de 3,5 a 3,75 y en la compra de vivienda de más de un millón, que pasa del 10 a 11%.
