En 2018 la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo decidió comprar una casa. Venía de una antigua vivienda de protección oficial de València, costó 55.000 euros y fue la única que se adquirió en todo el año. Puede parecer poco, pero aunque parezca increíble fue la primera vez que la Generalitat Valenciana ampliaba el parque público de vivienda después de tres décadas.
Antes de eso, la Comunitat Valenciana no había hecho otra cosa que perder vivienda pública. Aún así la inversión era ínfima y no se podía hablar de cambio de modelo. En 2019 se compró algo más; 51 pisos públicos, pero la inversión seguía siendo muy baja en comparación con la demanda social.
El cambio drástico llegó en 2020, cuando Conselleria de Vivienda aprobó, en junio, el decreto de tanteo y retracto. Esta ley permite a la Generalitat interponerse en la compra de paquetes de vivienda y hacerse con él por el mismo precio que ya habían acordado las partes. La norma nació con la intención de frenar la compra de vivienda con fines especulativos (por ejemplo, de fondos buitre), y a la par aumentar el parque público.
El decreto pasó casi dos años en los despachos, pero tras su aprobación a mitad de año el Consell sumó 319 viviendas al parque público, frente a las 51 de todo 2019. Desde entonces la compra no ha parado de crecer; 396 viviendas en 2021 y 495 en el año 2022. «El tanteo y retracto lo cambió todo drásticamente, la gran mayoría de compras de vivienda han sido por este instrumento», explica el secretario autonómico de Vivienda Alejandro Aguilar.
En total, el Consell ha comprado 1.262 viviendas para el parque público en esta legislatura, y ha invertido en ello 75 millones de euros. La gran mayoría han sido por tanteo y retracto (818) y por adquisición por emergencia (342 casas). El resto llegaron por los concursos de compra de vivienda de 2018 y 2020.
La sangría que paraliza el parque público de vivienda de la C.Valenciana
A estos pisos habría que añadir la compra de un grupo de 184 viviendas en el barrio de La Torre, en València, cuyos vecinos estaban amenazados de desalojo por una promotora que había cerrado la compra con un fondo buitre, pero sobre la que la Generalitat ha aplicado el tanteo y retracto.
Aguilar insiste en que si no se ha comprado más ha sido porque se ha gastado todo el dinero. «En 2022 liquidamos el cien por cien del presupuesto, y en 2021 fue el ochenta y pico porque a última hora se cayeron dos compras muy grandes de vivienda», explica.
Con todo, Vivienda es consciente de que hay 13.356 familias en lista de espera para un piso público: 7.303 en València, 1.385 en Castellón y 4.668 en Alicante. Es decir, que el aumento del parque, que ahora mismo está en 14.631 casas, no satisface ni una décima parte de la necesidad que hay.
Aguilar se defiende explicando que «esta política va encarada al medio y largo plazo. Pensamos que es un cambio de modelo y que, después de treinta años, la Comunitat tiene una política fuerte de vivienda pública. También trabajamos en promociones de VPO y pensamos que son necesarias políticas a corto plazo. La más urgente es regular los precios del alquiler», dice el secretario autonómico.
Emergencia y fondos buitre
Ahora mismo el Consell está centrado en las situaciones de emergencia y en evitar desalojos de familias vulnerables. Muchos de estos casos son inminentes, y los compradores suelen ser los mismos en la mayoría de ocasiones. «Fondos buitre, son los que vemos que se meten en la compra de estas casas», dice Aguilar.
El precio medio de la vivienda comprada a través del tanteo es de unos 46.000 euros, así que «no solo compramos viviendas para ampliar el parque, sino que analizamos muy bien las oportunidades y lo que nos interesa. Hay un ahorro de dinero además de ganar pisos públicos», cuenta Alejandro Aguilar.
De 37.500 a 15.000 viviendas: dos décadas de desmantelamiento del parque público
Otra consecuencia del derecho de tanteo y retracto es que todas las operaciones de compraventa de vivienda se tienen que notificar a Conselleria lo que, a juicio de Aguilar, ayuda a evitar el fraude. «Hace unos años compramos dos viviendas en el Cabanyal por un euro cada una, y también veíamos que muchas se habían vendido por mil o dos mil euros. Desde que ejercemos el tanteo vemos que esos precios disparatados prácticamente han desaparecido», explica.
Vivienda explica que muchas políticas para solucionar el problema a corto plazo son ahora competencia estatal. «Hay que regular los alquileres ya, y mantenerlo varios años hasta que baje el precio de la vivienda. También hace falta limitar el acceso a la propiedad de los fondos buitre, que no fondos de inversión, y buscamos implantar la obligatoriedad de ofrecer un alquiler asequible a las familias antes de desahuciarlas si el propietario es gran tenedor», cuenta Aguilar.
Las viviendas de la Sareb
Vivienda lleva más de un año reclamando la gestión directa de las viviendas de la Sareb, que recientemente pasó a ser de titularidad pública. El vicepresidente y conseller Héctor Illueca incluso recabó los apoyos de varias autonomías para presionar al Gobierno en este sentido. "Calculamos que son unas 8.500 viviendas que podríamos poner en el parque público el mes que viene, para dar respuesta a muchas situaciones de emergencia", expone Aguilar.
Además, reclama más competencias para las autonomías en materia de vivienda. "Necesitamos más margen, porque no es igual la tensión en el mercado de la vivienda que existe en Extremadura que la que hay en la C.Valenciana o Islas Baleares".