Los bajos de las 613 viviendas de Burjassot están tapiados con ladrillo visto. Antes todo era diáfano, pero las fincas se descuidaron tanto durante décadas que hicieron falta esos puntales para que el edificio no se desplomara. Caminando por el barrio un chico en patinete cuenta que a la zona no entran ni los servicios de limpieza ni la policía.
Este barrio nació como vivienda social, dedicada a personas humildes. Son 700 pisos, pero ahora solo quedan menos de 200 en propiedad de la administración. El resto ha acabado en manos de fondos buitres y el barrio completamente abandonado, salvo las viviendas de la administración que se mantienen, que sí que reciben cuidados.
Podríamos decir que así está el parque público de pisos ahora, desgastado y apuntalado después de décadas de abandono institucional. Por eso la prioridad número uno de Vivienda desde 2015 siempre ha sido una: ampliarlo. Pero la realidad es mucho más cruda; hay menos viviendas sociales que hace siete años, cuando llegó el tripartito de izquierdas.
Esto tiene una explicación, y es una sangría de más de dos décadas de venta y abandono del parque público. Un modelo que todavía está dejando resaca en la administración. En el año 1994 había 37.558 viviendas, ahora quedan 14.604. La idea durante más de 20 años fue vender los pisos con alquileres con opción a compra, para que las familias finalmente se hicieran con ellos.
«No interesaba tener un parque público de vivienda fuerte, el modelo era totalmente contrario al que queremos desarrollar ahora», explica Alejandro Aguilar, secretario autonómico de Vivienda. Los efectos de esa época todavía persisten, y conselleria asegura que aún quedan 3.116 viviendas escrituradas con derecho a compra en el actual parque. Es decir, que se perderán en algún momento si se ejerce ese derecho. Además, en la última legislatura (desde 2019) 805 viviendas han salido del parque público por este motivo.
El saldo sale positivo por poco. La Generalitat ha adquirido 1.053 viviendas por 58 millones para engrosar el parque público en los últimos tres años. Y el objetivo final es llegar a las 1.250 casas. La gran mayoría se han conseguido a través del derecho de tanteo y retracto,un mecanismo legal que permite a Vivienda interponerse en la compraventa de un edificio y hacerse con su propiedad por el mismo importe que habían acordado las partes implicadas, en determinados casos. El resto han sido por compra directa o por concurso. También habría que «añadir» 102 viviendas públicas en muy mal estado y que han sido rehabilitadas para su uso y puestas en alquiler.
A futuro, conselleria trabaja para sacar al mercado 2.200 viviendas de alquiler asequible a través de VPO y otras 1.500 casas más de construcción nueva en los terrenos vacíos de la Entidad Valenciana de Vivienda (Evha), aunque se trata de objetivos a medio plazo.
Prohibido vender
Aguilar lo resume en que «estamos frenando la sangría de un modelo practicado durante décadas». Por eso, una de las primeras normas que aprobaron fue prohibir la venta de inmuebles públicos por cualquier vía. «Todas las viviendas que se incorporen al parque se usarán en régimen de alquiler o de cesión de uso, incluso con alquileres indefinidos, pero no se podrán traspasar porque va en contra de nuestras políticas», cuenta.
Otro ejemplo de desmantelamiento del parque público está en el barrio de Baladre en Sagunt, una zona tradicionalmente humilde. Se construyeron 1.200 viviendas sociales y a día de hoy quedan a penas 200, en la zona de «Baladre 2». Baladre 1 es el parque privatizado. «Es curioso porque en esa zona podemos rehabilitar y reformar las casas cuando es necesario, pero en el otro lado los vecinos se quejan pero no podemos hacer nada. Quizá invierta el ayuntamiento pero ellos tienen que asumir parte del coste», dice Aguilar.
Recesión, covid y fondos buitre
Otro ejemplo es la Avenida de La Plata, en València. Zona trabajadora inicialmente de pisos públicos. «Ahora esas casas han pasado a manos de fondos buitre que están vendiendo las viviendas por precios desorbitados. Unas viviendas cuya función era dar techo a las familias más humildes que no podíain permitirse un alquiler a precio de mercado ahora sirven para lo contrario, están alimentando la especulación inmobiliaria al venderse por precios disparatados. Han pasado de un extremo a otro, y hay muchos ejemplos», lamenta el secretario autonómico.
Para Aguilar es una muestra de la concentración de los pisos en pocas manos como resaca de la crisis de 2008 acentuada por la pandemia. Ahora los que amasan los pisos son los fondos buitre, pero también otras entidades como la Sareb, ahora de mayoría pública. «Estamos cansados de reclamar la gestión de las viviendas, creemos que solucionaría muchas situaciones de emergencia, por eso se debería incluir en la ley estatal», insiste Aguilar. Ahora mismo el ‘banco malo’ dispone de 31.066 propiedades en la C. Valenciana. Y de esas, 8.530 son viviendas y 2.438 inmuebles terciarios.
La demanda de vivienda pública es otro tema importante. Ahora mismo hay 11.400 personas que reúnen los requisitos en lista de espera para una vivienda pública, y son el triple que había en el mes de febrero. Es decir, que el parque debería crecer un 80 % para hacer frente a la necesidad de vivienda pública que existe.
Aguilar relativiza y ve esto como algo "positivo" porque, en su opinión, "la gente está contemplando la vivienda pública como salida cuando no tiene ingresos para conseguir algo en el mercado ordinario".
Además adelanta que están trabajando en un registro de demandantes de vivienda mucho más vivo. "Que no sea algo en lo que te apuntas y te quedas ahí sine die, sino que de verdad se de respuesta a las familias y sepamos dónde hace falta invertir más en vivienda pública. También que se vaya revisando porque si la situación de una familia mejora y ya no cumple los requisitos hay que sacarla".
De hecho, Aguilar anima a la gente joven a apuntarse a este registro de demandantes de vivienda pública. "Es algo que no estamos sabiendo comunicar, si la gente joven cumple los requisitos de ingresos se puede apuntar para encontrar un alquiler asequible. Queremos que los jóvenes se apunten", insiste.
Para empezar hay una novedad importante, y es que Vivienda aceptó recientemente una recomendación del Síndic de Greuges y dará ayudas al alquiler a todas aquellas personas que no tengan vivienda pública después de 6 meses en lista de espera.
Otras políticas
En conselleria de Vivienda son conscientes que un parque público necesita décadas para volver a construirse, así que Aguilar explica que son necesarias otras políticas cuya clave de bóveda es la ley de vivienda.
Además de las sanciones a los pisos vacíos, que es algo que ya va a aprobar el Consell, Vivienda trabaja por una estadística fiable que no deje la medición de los precios del alquiler en base a estudios de plataformas privadas como Idealista o Fotocasa.
"Reserva de vivienda de protección pública en todas las promociones, de calificación permanente y en régimen de alquiler. Eso no significa que esas viviendas no vayan a ser rentables, sino que tienen que dedicarse a dar alquiler asequible y no a la especulación y a disparar más los precios", explica Aguilar. Y mariza que no son recetas nuevas "son las políticas que se implementaron en los años 60, 70 y 80 en España para aumentar el parque de vivienda asequible".
