Vivienda obligará a poner en alquiler social los pisos vacíos de grandes propietarios

Conselleria de vivienda aprobará este viernes uno de los decretos más importantes de la legislatura, el de "regulación de grandes tenedores y acoso inmobiliario" que prevé, entre otras cosas, multas de hasta 950.000 euros a los fondos buitre y grandes propietarios de vivienda que acosen a sus inquilinos.

Así lo asegura el vicepresidente de la Generalitat, que llegó a un acuerdo político con el resto de fuerzas del Botánic (PSPV y Compromís) este jueves. El decreto pasó condicionado a la emisión un informe de abogacía sobre el texto definitivo que Compromís pidió a última hora y que finalmente se solucionó.

Además de esto, el decreto también pone medidas para frenar la especulación inmobiliaria como la "cesión de uso obligatoria" de pisos de grandes tenedores (10 o más casas) en el caso de permanecer vacías más de un año. La Conselleria tendrá derecho a hacerse con la casa por un plazo de hasta siete años para destinarla a una persona con necesidad de vivienda, todo ello mediante el pago de un alquiler al propietario.

El precio aún se tiene que marcar por un reglamento, pero fuentes de conselleria explican que es probable que sean similar a los de la vivienda protegida. Los grandes tenedores están obligados a poner sus viviendas vacías en un registro para que conselleria tenga los datos.

El camino hasta que el decreto haya visto la luz no ha sido fácil. El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Vivienda Héctor Illueca se muestra satisfecho por esta regulación "ambiciosa" y que permitirá poner coto al acoso inmobiliario y sacar al mercado los pisos vacíos de grandes dueños de vivienda. Sin embargo remarca que los equipos negociadores han enfrentado un "esfuerzo importante".

Imputan a un fondo buitre por reventar la cerradura y vaciar la casa de una anciana mientras estaba de vacaciones

La norma estaba encallada este lunes en un punto crucial, el de la "cesión de uso obligatoria", que provocó roces con Presidencia que la consideraba demasiado intervencionista. Sin embargo, el día anterior por la tarde se conoció que ambas partes habían llegado a un acuerdo para mantener este punto. Algunas autonomías como Baleares o Cataluña cuentan con esta legislación.

Pese a este desacuerdo, el decreto ha salido adelante como lo pensó Vivienda. Conselleria obligará a todos los grandes tenedores a informar de la ubicación y estado de sus viviendas para crear un registro de grandes tenedores. La información no será pública, sino de uso interno de la Generalitat.

Esto ayudará a saber "cuántas viviendas hay en manos de estas empresas y personas, ya que ahora mismo no tenemos esta información", explican fuentes de Conselleria. Además, también obligarán a aportar su domicilio fiscal y a proporcionar un número de contacto, una medida claramente diseñada para los fondos buitre, que destacan por su opacidad y negativa a negociar incluso con los poderes públicos. Estos fondos extranjeros son los responsables de muchos desahucios múltiples y, según Vivienda "los que más tensión están provocando en las ciudades".

Sanciones a los fondos buitre

La ley, pese a que Vivienda remarca que "no tiene un componente punitivo, sino de movilizar viviendas vacías", también contempla sanciones a algunas conductas protagonizadas por estos fondos, como es el acoso inmobiliario.

Presiones, amenazas, llamadas constantes, impagos de la comunidad para que corten luz de las zonas comunes, visitas de representantes del fondo para sobornar al inquilino, negativas a dar el número de cuenta para ingresar el alquiler y hasta denuncias de desahucio pese a estar al corriente de pago. Esta es la realidad de muchos barrios periféricos de las ciudades afectados por la compra de estas viviendas por parte de fondos extranjeros.

A día de hoy la mayoría de estas conductas no son delito, por eso vivienda busca definir el acoso inmobiliario en la ley para dar herramientas al inquilino y que pueda denunciarlo. También penará casos de racismo inmobiliario o discriminación de otro tipo.

El acoso inmobiliario se define y se pena con el nuevo decreto con un régimen de sanciones. Hay graves y muy graves. Las primeras tienen multas desde 10.000 a 350.000 euros, y las segundas de 350.000 a 950.000 euros. 

Tumban la obligación de ofrecer alquileres asequibles

La redacción del decreto ley también ha dejado aspectos fuera. Uno de ellos es la obligación a grandes tenedores de ofrecer un alquiler asequible a sus inquilinos antes de desahuciarlos, que estaba en la agende de Vivienda según publicó Levante-EMV.

Nada más anunciar esta medida, el Tribunal Constitucional la tumbó en Cataluña al considerar que se invadían competencias del estado. Poco tiempo después la Abogacía de la Generalitat la eliminó también de su norma. En su lugar decidieron implantar al obligación de que los grandes tenedores tengan que informar a la Generalitat Valenciana cuando inicien un proceso de desahucio.

Esta nueva medida nace con el objetivo de que la administración pueda actuar y buscar soluciones como una vivienda alternativa antes de que se proceda al desalojo. De hecho el decreto también soluciona problemas y agiliza la respuesta en situaciones de emergencia -por ejemplo, una familia en la calle por un desahucio-. "Antes se llevaba a algunas familias a un albergue o un hostal hasta encontrar algo, pero entendemos que no es una solución real, así que vamos a dar mejores alternativas", apuntan fuentes de vivienda.

Más medidas

El decreto tiene muchas más medidas, como por ejemplo la de crear un cuerpo de inspectores de vivienda, que se dedicarán a velar por el cumplimiento de la ley, comprobar el estado de las casas y si están deshabitadas y, en caso de no cumplir, iniciar procedimientos para sancionar. 

El texto legal fija y crea un Fondo Social de Vivienda para construir pisos protegidos en el que estarán tanto la Entidad Valenciana de Vivienda como las empresas privadas, cooperativas, o hasta oenegés que decidan apuntarse. También habrá un registro de promotores sociales. 

La ley también hará oficial lo que hasta hace poco era una realidad oficiosa, una Mesa Antidesahucios con las plataformas por el derecho a la vivienda que se celebre periódicamente con los representantes de la Conselleria de Vivienda. Durante estos meses se han celebrado algunas reuniones de este tipo, pero vivienda quiere hacerlo institucional.

Aunque estamos al borde de que acabe la legislatura, Vivienda quiere sacar adelante los últimos decretos. Uno es el de regulación de la Vivienda de Protección Oficial, otro la Ley de Barrios y por último un texto par el fomento del ‘cohousing’.