Okupan pisos públicos ante la “crítica” falta de viviendas en València
El Sindicat d’Habitatge denuncia que el edificio del Cabanyal en el que ahora hay 12 familias es de la Generalitat y estaba en desuso
Doce familias de València llevan una semana okupando un bloque de viviendas propiedad de la Generalitat Valenciana, para solventar la “situación de emergencia habitacional” que vivían. Se trata de un edificio ubicado en el Cabanyal y que estaba en “desuso”.
Así lo confirma el Sindicat d’Habitatge de València, que ha apoyado esta acción y que asegura que, con la okupación, estas familias tienen acceso “a un hogar”. Entre otras cosas, el sindicato -que pide apoyo para que estas familias puedan quedarse en el bloque- denuncia que “ningún gobierno ni institución estatal” soluciona el problema de la vivienda, y son “incapaces de mejorar las condiciones de vida” de la población más vulnerable.
En este sentido, a través de un comunicado que han publicado, afirman que en muchos barrios, la “realidad es cada vez más crítica”, bien “por un aumento de precios del alquiler, por la especulación de pequeños o grandes tenedores o por macroproyectos impulsados por las instituciones” lo que, al final, acaba por dejar a muchas familias sin un hogar.
Según el sindicato, las familias se mudaron al bloque de cinco pisos -con 12 viviendas y construido en los 90- el pasado lunes y reivindican su “apertura”, pues, a pesar de ser viviendas públicas, estaban sin inquilinos.
Al parecer, podrían ser viviendas que se iban a destinar a mujeres maltratadas, aunque desde el sindicato denuncian que la Administración nunca llegó a darle ese uso y que llevaba “al menos, cinco años cerrado”.
Familias con diferentes necesidades
En concreto, fuentes consultadas por este periódico confirman que han okupado los pisos “familias con niños pequeños o personas vulnerables a su cargo; jóvenes sin posibilidad de emanciparse; y personas extranjeras que se han encontrado con problemas a la hora de acceder a una vivienda”.
En un primer momento se había apuntado que el inmueble era municipal, aunque posteriormente se ha comunicado que es de la Generalitat.
Esta mediodía, la Policía Local y Nacional se han personado en el edificio, pero las familias han permanecido, pues los testigos relatan que no contaban con orden judicial para entrar. Tras “algunos momentos de tensión”, al menos 6 multas, y una negociación, finalmente los agentes han abandonado el lugar sin más incidentes.
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