Cita judicial para aclarar las periciales sobre las ayudas a Francesc Puig

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de València ha convocado a los representantes de la Intervención de la Generalitat Valenciana y de Catalunya, además de los abogados de las defensas, la acusación y la Fiscalía Anticorrupción para aclarar y definir la pericial sobre las ayudas recibidas por las mercantiles de los empresarios audiovisuales Francesc Puig -hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig- y los hermanos Adell Bover. 

El juzgado obvia su error y prorroga la instrucción a los empresarios audiovisuales Puig y Adell Bover

Una comparecencia que no suele ser habitual y que se produce a petición de las defensas y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción. El encuentro se celebrará el próximo 31 de marzo en el mismo Juzgado de Instrucción 4, según el auto notificado ayer a las partes al que ha tenido acceso Levante-EMV.

El magistrado ha adoptado esta decisión al considerar «evidente que la instrucción se está alargando» y existe cierta confusión sobre la información que ya consta en la causa, según las defensas, para que las intervenciones de ambas generalitats realicen sus periciales. Incluso se produjo una confusión con la Intervención catalana que entendió que no debía realizar el informe, tras una conversación con el juzgado.

Para resolver este embrollo las defensas solicitaron el encuentro con las intervenciones, la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado para concretar «qué documentación obra en las actuaciones» aportada por todas las partes. Y «si debe ser objeto de la pericia de la Intervención de la Generalitat Valenciana la subvención concedida por el Partido Popular en 2015 por importe de 6.323,88 euros a la empresa Comunicacions dels Ports SA, en la modalidad de radio». 

Un error del juzgado obliga a anular la prórroga de la instrucción a Francesc Puig y los Adell Bover

El magistrado de Instrucción 4 también ha aceptado delimitar si «deben ser objeto de pericia por ambas intevenciones los ejercicios en los que la suma de las subvenciones concendidas por ambas administraciones autonómicas no suma 120.000 euros», en referencia al mínimo legal de la cantidad defraudada (que no el importe de la subvención) para que se considere un posible delito de fraude de subvenciones. 

Las defensas han reclamado esta especie de puesta en común con las intervenciones ante «el excesivo tiempo transcurrido desde que se acordaron practicar las periciales por parte de las intervenciones (en abril de 2002), el estado actual y las muestras, más que evidentes, de que ambas instituciones no tienen claro ni el alcance del trabajo ni la documentación aportada a la causa».