La Generalitat recurre ante el Supremo la anulación de la paga covid

Desde Sanidad defienden que el objetivo del recurso es "proteger a los sanitarios" que cobraron la gratificación en 2020 | El TSJ anuló el reparto por falta de negociación colectiva efectiva con los sindicatos

Sanitarios con equipo de protección en la planta covid del Hospital General de Valencia durante la segunda ola.

Sanitarios con equipo de protección en la planta covid del Hospital General de Valencia durante la segunda ola. / GERMAN CABALLERO

La Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Supremo las dos sentencias que el pasado mes de marzo anularon la llamada paga covid, la compensación que se otorgó a los sanitarios por su esfuerzo en lo peor de la pandemia y que rondaba los 1.000 euros brutos para médicos y 700 para otras categorías. La administración ha ejercido así su derecho a presentar un recurso de casación y lo ha hecho, según fuentes de la Conselleria de Sanidad para "proteger a los sanitarios" que en su día cobraron esta gratificación, unos 38.500 según cifras oficiales y que, en principio, no van a tener que devolverla.

El Alto Tribunal valenciano anuló el pasado mes de marzo la orden por la que se aprobaba esta compensación extraordinaria de noviembre de 2020 atendiendo dos recursos de los sindicatos CSIF y Comisiones Obreras, que la llevaron al juzgado al entender que no había existido suficiente negociación para establecer cómo se iba a repartir la paga y quién la iba a recibir y sobre qué criterios. El TSJCV les dio la razón en dos sentencias parejas en las que declaraba nulo el acuerdo "por falta de negociación colectiva efectiva". Desde Sanidad ya adelantaron en aquel momento que, pese a la sentencia, aquellos que hubieran cobrado la paga no iban a tener que devolverla, algo que tampoco pretendían los sindicatos pero se desconocía si la Generalitat iba a sentarse de nuevo a negociar o iba a ejercer su derecho a recurrir.

El recurso retrasa el proceso

La presentación del recurso por parte de la Abogacía de la Generalitat supone que, por ahora y hasta que haya un pronunciamiento desde Madrid, la administración no se va a ver obligada a negociar de nuevo el reparto ni a ampliar los pagos a más sanitarios que se quedaron fuera, el objetivo inicial de los dos sindicatos que fueron en primer lugar a los juzgados.

Habrá que esperar a la resolución del Supremo para ver si finalmente el acuerdo (y el reparto posterior) se dan por buenos o, sin embargo, el TS avala los argumentos del Superior de la Comunitat Valenciana y el acuerdo debe arrancar de cero, es decir, desde la mesa de negociación con los sindicatos. Desde CSIF y CC OO no buscan que los 38.500 sanitarios que recibieron la gratificación la devuelvan (algo que la administración ha dicho que no va a suceder) sino sentarse de nuevo con los responsables de Sanidad para establecer, esta vez sí "de común acuerdo", quién debe de recibirla y cuáles son los criterios porque no se permitió pactarlos y eran "demasiado abiertos e interpretables", dando lugar a que la "arbitrariedad" reinara en la selección del personal que fue recompensado por su trabajo.

Mucha gente se quedó fuera

Así, desde ambos sindicatos han documentado numerosos casos de trabajadores que deberían de haber recibido el dinero por su trabajo en la primera ola de la pandemia de coronavirus pero que se quedaron fuera como empleados de los hospitales de campaña que trataron directamente a pacientes infectados; personal de las unidades de hospitalización a domicilio o que fueron enviados a las residencias de ancianos que también asumieron riesgo; personal contratado como refuerzo covid que, al ir rotando por muchos servicios no fueron incluidos en los listados finales o diferencias de trato entre compañeros de un mismo servicio. De hecho, este reparto "desigual" según los sindicatos supuso que muchas personas que fueron excluídas en su día, terminaran recurriendo a los tribunales en demandas individuales para reclamar su derecho.

Tras conocerse el paso dado por la Abogacía de la Generalitat, desde el sindicato Comisiones Obreras han insistido en que Sanidad "vulneró la negociación colectiva" al establecer los criterios de reparto ("tal como reconoce el TSJCV en la sentencia", apuntan) ya que "no constituye una verdadera negociación únicamente poner en conocimiento el texto del acuerdo, permitiendo a los sindicatos expresar su opinión pero sin la posibilidad de efectuar ningún cambio. La información por sí sola no constituye una negociación sino una imposición", dicen.