"Solo queremos que la paga covid llegue a todo el personal"

Renegociar los criterios y que esta vez sí, la paga covid que dio el Consell para agradecer el esfuerzo que realizaron los sanitarios en la primera ola de la pandemia de coronavirus "llegue realmente a todo el mundo". Este es el objetivo último que tienen los sindicatos Comisiones Obreras y CSIF a los que el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV) acaba de dar la razón declarando nulo el acuerdo del Consell que establecía los criterios para el reparto del dinero "por falta de negociación colectiva efectiva".

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"Queremos que la gratificación llegue a todo el personal y que se haga partiendo desde el principio. Como no pudimos negociar los criterios, no pudimos hablar sobre quién debía recibir el dinero y quién no, no hubo posibilidad", recuerda Dolly Prunés, responsable de Sanidad del sindicato CSIF. Para ella, lo primero sería volver a llevar a mesa los criterios de aplicación y negociarlos. La Conselleria de Sanidad es quien tiene ahora que decidir qué hacer tras el fallo, ya que hay posibilidad de recurrirlo al Supremo. Por lo pronto, ya han anunciado que los que cobraron la paga en diciembre de 2020, unos 38.500 trabajadores según datos de la administración, no la tendrán que devolver.

Criterios y aplicación

Porque tal como recuerdan desde sindicatos, y ahora avala la justicia, el acuerdo no pudo negociarse y, según criticaron ya los sindicatos en su día el reparto se basaba en unos criterios demasiado abiertos e interpretables. Además, "si el decreto era poco objetivo, su aplicación lo fue todavía menos", según critica la secretaria general de la federación de Sanidad de CC OO, Rosa Atiénzar, ya que se dejó en manos de las gerencias de cada departamento o de las diferentes jefaturas la "decisión de quién entraba en los listados y quién no".

Fruto de esa forma de trabajar, desde los sindicatos se han encontrado con casos de todo tipo: personal de los hospitales de campaña que no fueron incluidos aunque trataron directamente a pacientes covid en los días del estado de alarma; trabajadores de las unidades de hospitalización a domicilio que también asumieron un riesgo en esas primeras semanas; personal contratado como refuerzo covid que fue rotando por varios servicios sin quedar incluido en la lista; profesionales enviados a las residencias de ancianos que estaban en peores condiciones e incluso problemas entre personal del mismo servicio y de la misma categoría "que habían estado trabajando codo con codo pero a uno de ellos se le pagó y al otro no".

Al juzgado para cobrar

Todos estos problemas que critican desde los sindicatos tanto en la concepción del pago como en su aplicación derivó en una gran cantidad de reclamaciones una vez salieron los primeros listados individuales con los incluidos y excluidos y un volumen "importante" de reclamaciones ante los juzgados. "Hemos tenido personas que han tenido que acudir a la justicia para cobrar y otros muchos que desistieron por el pago de costas", recuerda Prunés. Desde CC OO lo ratifican. También hubo quien tuvo que devolver total o parcialmente la paga tras ajustarse los listados "porque también incluyeron a gente a quien no le correspondía".

La Conselleria de Sanidad previó en su día 42 millones de euros de presupuesto y estimó que la compensación llegaría a unos 40.000 profesionales (10.130 médicos, 15.523 enfermeros y otros 14.737 profesionales de otras categorías) "pero no tenemos las cifras. Necesitaríamos saber primero qué se ha pagado, a quién, quién lo tuvo que devolver o reclamar en juzgados y a partir de ahí, ver lo que queda por hacer", añade Prunés. El monto global de lo gastado no ha trascendido pero sí a cuántos llegó: a 38.500 trabajadores frente a los 40.000 previstos según ha concretado Sanidad. La paga rondaba los 1.000 euros brutos para facultativos y 700 para otras categorías.

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