El Gobierno rechaza la mitad de las consultas populares planteadas por la Comunitat Valenciana en 40 años

"¿Está usted de acuerdo en que las fechas de las fiestas de Moros y Cristianos coincidan con el fin de semana?". Esta es la pregunta que se lanzó a los vecinos de Banyeres de Mariola en 2017 después de que el Gobierno aceptara la celebración de una consulta popular. Entre las opciones, los residentes de esta localidad alicantina debían decidir que dos días del festejo coincidieran "necesariamente con el fin de semana" o "que la entrada sea sábado, San Jorge domingo, Moros y Cristianos lunes y Santo Cristo martes".

El derecho de los ciudadanos a pedir una consulta popular para decidir sobre "asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos" es algo que viene recogido en el artículo 18 de la Ley de Bases del Régimen Local de 1985. La última palabra sobre si la votación se celebra o no la tiene el consejo de Ministros, que de las más de 200 solicitudes que han recibido en estos años por parte de pueblos y municipios de toda España, tan solo han aceptado 77.

Decidir el nombre de una calle, cambiar la denominación del municipio o someter a sondeo la instalación de una antena telefónica han sido algunas de las 21 propuestas que los gobiernos locales valencianos han querido plantear a sus vecinos desde 1985. De todas ellas, solo once consultas fueron aceptadas, mientras que otras diez fueron rechazadas por el consejo, convirtiendo así a la valenciana en una de las autonomías que más negativas ha recibido.

La primera consulta popular celebrada en la Comunitat Valenciana tuvo lugar en Carcaixent. En 1986 el gobierno local quería que los vecinos decidieran si se adelantaban las fiestas mayores. En esta ocasión el ejecutivo central aceptó la votación. El sondeo, al que estaban convocados 15.000 vecinos, se celebró un año más tarde y la respuesta popular fue tajante: de 5.600 votos emitidos use registraron 4.095 votos en contra de la propuesta, por lo que el festejo se mantuvo en octubre.

Massamagrell y Alcublas fueron otras localidades que también plantearon cambiar las fechas de sus fiestas para hacerlas coincidir con el fin de semana. O Muro d' Alcoi, el último en registrar una consulta, que en 2022 preguntó a sus vecinos «¿Por dónde quiere que transcurran las entradas mora y cristiana de las fiestas del municipio?». Todas ellas recibieron la aprobación del Gobierno para convocar un sondeo popular.

La convocatoria de este tipo de comicios van más allá de los festejos y algunos municipios han querido que sus residentes decidan en temas relacionados con los presupuestos municipales o la ejecución de infraestructuras. Es el caso de Pinoso, donde las preguntas planteaban la declaración del casco histórico como «ciudad lenta» o a qué entidades sociales se destinaba parte del presupuesto local. En Ibi se consultó sobre la instalación de una zona de esparcimiento canino en el municipio y en Xilxes la pregunta fue «¿Desea Ud. que el Ayuntamiento mantenga la clasificación como suelo urbanizable o revierta su clasificación a suelo rústico?»

El listado de consultas aprobadas lo cierran Quartell, donde se sustituyó el nombre de la calle General Abriat por calle del Sistar; Alfara de l'Algimia, que cambió la denominación del municipio en 2010 por Alfara de la Baronía o Teulada, donde se aprobó también decidir una nueva denominación para el pueblo, aunque nunca de llevó a cabo la votación.

Diez propuestas rechazadas

De todas las propuestas planteadas desde 1985, el consejo de Ministros ha rechazado una decena de consultas, la mitad de las sugeridas por los municipios de la Comunitat Valenciana, convirtiéndola en una de las autonomías con más negativas. El primer municipio en obtener un "no" por respuesta fue Eslida, que en 1987 quería celebrar unos comicios para decidir la ejecución y ubicación de la piscina municipal.

Tampoco se permitió en 1999 que los vecinos de Genovés decidieran si derribar o restaurar la antigua iglesia Virgen de los Dolores ya que esta se encontraba en un avanzado estado de deterioro. Quart de Poblet, Agost, Ondara y Fuenterrobles fueron otras localidades donde la consulta popular no pudo celebrarse para someter a sondeo asuntos tan diversos como la fecha de celebración de las fiestas patronales o la decisión entre el tranvía o el soterramiento de las vías del tren.

Otros temas que se declinaron fueron la construcción de una línea eléctrica de alta tensión en Simat de la Valldigna o la inclusión de Chóvar en el proyecto del Paraje Natural de la Serra d’Espadà. La instalación de una antena de telefonía móvil en Gilet ha sido la última en recibir el carpetazo por parte de la administración central.

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