Sanidad ha aceptado 51 eutanasias en los dos primeros años de la ley

Medio centenar de valencianos han podido fijar la fecha de su muerte en estos dos últimos años. Lo han hecho gracias a la Ley de la Eutanasia y a la posibilidad que esta ofrece de acudir a una muerte asistida para acabar con el sufrimiento "intolerable" que provoca una enfermedad grave y sin cura o cualquier otra crónica e imposibilitante. Este domingo 25 de junio la norma cumplirá dos años en vigor en España con una aplicación desigual entre autonomías y todavía con aspectos a pulir, según denuncian por segundo año asociaciones volcadas en la muerte asistida como Derecho a Morir Dignamente.

La cifra la ha facilitado la Conselleria de Sanidad. A 13 de junio de este año y a solo unos días de que se cumpla el segundo aniversario, 84 valencianos habían presentado desde junio de 2021 una solicitud de muerte asistida en las tres provincias. Más de la mitad eran de la provincia de Valencia, 45 y otros 34 de Alicante. Desde Castelló solo se han hecho cinco solicitudes en estos dos años.

Pero, de ellas solo se han hecho efectivas en estos dos años 51. En toda España y hasta diciembre (las cifras hasta junio no están todavía disponibles), el Ministerio de Sanidad tenía registradas 338 eutanasias completadas. La ley, una vez se confirma que la persona reúne los requisitos y se cumple el estricto proceso de confirmación, permite hacerlo de dos maneras: o que los profesionales médicos faciliten una sustancia para que sean los propios pacientes los que decidan tomarla cuándo quieran para causar su propia muerte o que sean los sanitarios los que la administren directamente al paciente, la opción que está siendo la más demandada.

Lo más habitual es que los pacientes pidan que los sanitarios administren la sustancia para inducir la muerte, aunque pueden pedir tenerla y tomarla ellos mismos

Cincuenta días para tener respuesta: "Es demasiado"

El resto de solicitudes no han terminado con una muerte asistida o bien porque aún están en trámite de ser resueltas (cinco según el balance de la administración), porque finalmente se han desestimado por no cumplir los requisitos (18 resoluciones desfavorables de las 84 totales) o bien, el peor de los escenarios para las asociaciones de defensa de la muerte digna como Derecho a Morir Dignamente, que la muerte natural haya sobrevenido en la espera de recibir una resolución. Esto ha pasado en una decena de ocasiones.

"Esto es una cuestión a mejorar porque supone un mal funcionamiento", alerta Mª José Alemany, presidenta en la Comunidad Valenciana de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD-CV). De hecho, según la responsable, desde la asociación habían detectado que los tiempos de resolución de las peticiones valencianas estaban en los 49-50 días. "Es demasiado y por encima de la media. Se están retrasando más -el año pasado se hablaba de 45 días- y es un tema que hay que abordar porque desde que se solicita hasta la aplicación se está en 41-45 días en el resto", apunta Alemany que recuerda que la ley "contempla que si la enfermedad está avanzada se puedan acortar plazos para que no sucedan estas cosas".

Las solicitudes se han doblado el segundo año

En el segundo año de vida de la norma (avalada en marzo por el Tribunal Constitucional) las solicitudes para tener una muerte digna se han doblado. Así, si hasta junio de 2022 se habían tramitado 25 solicitudes, en el segundo año han sido 59 aunque el porcentaje de aquellas que han sido denegado se mantiene en torno al 20 %: dos de cada diez peticiones terminan siendo rechazadas.

El primer año de la ley se presentaron 25 peticiones y en el segundo han sido 59. El porcentaje de negativas se mantiene constante: una de cada cinco se rechazan

La consolidación de la ley en la sociedad estaría detrás de este aumento de solicitudes, consolidación que no habría llegado por el trabajo de las administraciones, según la denuncia de Alemany. "Entiendo que cada año que pasa es normal que aumenten pero no será por la difusión dada desde Sanidad porque sigue faltando información a la ciudadanía y formación concreta para los profesionales" sanitarios. De hecho, la presidenta de Derecho a Morir Dignamente reclama que se pongan en marcha grupos de referencia en cada departamento de salud formados en la ley como ya están en marcha en otras comunidades "que son referente en el cumplimiento de la ley como Cataluña, Euskadi o Navarra" porque en la C. Valenciana y según critica, la buena gestión de los casos depende de la "voluntariedad de los profesionales" y de su implicación con la eutanasia.