'Hay que lograr que el abogado sea visto como alguien cercano'

Castillo Castrillón es uno de los despachos de abogados de mayor proyección a nivel nacional. Durante los últimos años, ha abierto oficinas repartidas por cinco ciudades de la geografía española (Madrid, Málaga, Murcia, Valladolid y Alicante), siempre siguiendo uno de los pilares de su filosofía de trabajo: la cercanía con sus clientes. «Es fundamental», afirma convencido su socio fundador, Ignacio Castillo Castrillón. «Si me contratan en Málaga, lo más lógico es que tenga un despacho en esa ciudad». Precisamente, este jueves inauguró en la ciudad de València su sexta sede. Su localización –una planta baja en la entrada a la calle La Paz– no es casual: «Bajar a pie de calle te da más visibilidad; es más fácil de localizarte», defiende.

No obstante, aunque esta idea de proximidad parece estar cogiendo cada vez más fuerza como elemento clave en la relación entre el ciudadano y el profesional, ¿se logra este objetivo?, ¿qué percepción tiene la sociedad de la figura del abogado?, ¿es consciente de su importancia?, ¿su opinión sobre el sistema judicial en general es positiva o negativa? Y de no serla, ¿la Justicia se esfuerza para tratar de revertir esta situación?

Aprovechando esta nueva apertura, Levante-EMV organizó un debate sobre estas cuestiones en la que participaron voces de diferentes ámbitos relacionados con la Justicia. Así, además de Ignacio Castillo, que aportó una mirada más específica sobre esta profesión, en el encuentro también hubo espacio para otro de los grandes papeles en todo proceso judicial: los magistrados. El juez y político Fernando de Rosa compartió su punto de vista con Teresa Benedito, subdirectora general de Acceso a la Justicia y Promoción de los Derechos de la Generalitat Valenciana; y, por último, desde una vertiente más educativa, Cristina Guisasola, catedrática en Derecho Penal por la Universitat de València y directora del Máster Universitario en Abogacía impartido en el mismo centro.

Una persona distante

De Rosa abrió la conversación con contundencia: «La abogacía es uno de los pilares de un Estado de Derecho». Ahora bien, es cierto que el sistema judicial está compuesto por «todos aquellos que tienen algo que defender y algo que alegar». Sin embargo, su amplitud sumada al desconocimiento que existe entre la población sobre el ordenamiento jurídico y las garantías y derechos que este ofrece es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta hoy en día. Y es justo aquí donde se sitúa el abogado. «Somos el nexo de unión entre el ciudadano y los juzgados; y los que vamos a defender los problemas que tenga, además de sus derechos fundamentales», explicó Castillo.

Todos coincidieron en la teoría, pero sí discreparon en cuanto a cómo se traduce ese trabajo a las opiniones que los ciudadanos tienen de esta profesión. Mientras que el magistrado aseguró que en la sociedad «hay una buena imagen de la abogacía», su antiguo alumno consideró que «no tienen muy buena percepción de los abogados porque lo consideran un persona distante». Y eso se debe, en gran parte, a que «usan un lenguaje que no entienden».

Parece que el lenguaje jurídico, abundante en tecnicismos y conceptos complejos para el ciudadano medio, es lo que más lejanía provoca entre abogado y cliente. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Fernando de Rosa propuso un posible punto de partida: «Explicar bien las sentencias para satisfacer al ciudadano».

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En relación a la Justicia en general, el magistrado consideró que tienen una mejor opinión de ella los que participan en procesos judiciales. Además, la catedrática, Guisasola, dijo que «la ciudadanía cree que es lenta y que faltan recursos», algo que podría mejorarse, por ejemplo, fomentando más el trabajo en equipo para que «el juez pueda dictar sentencias en plazos más cortos», apuntó De Rosa. Esa percepción negativa «podría cambiar acudiendo a otros sistemas de resolución de conflictos, como la mediación gratuita», recordó Teresa Benedito. Y añadió que de esa forma, «la sociedad percibe que su problema se resuelve pronto y que no le ha costado dinero».

Un perfil de mediación

El abogado también funciona como mediador. Es decir, como señaló el fundador de Castillo Castrillón, este profesional, además, sirve para «asesorar previamente y evitar ir al juzgado», de manera que no se abrirían muchos procedimientos. Sin embargo, en España no hay cultura de acudir a estos profesionales buscando consejo. No así en países de Hispanoamérica o, poniendo un ejemplo mucho más cercano, a nivel europeo, Francia.

Por tanto, el abogado debe ser empático y entender a la persona que acude a él con un problema. Así, Castillo se mostró convencido de que «si conseguimos que el ciudadano entienda que el abogado es una persona muy cercana y que le va a escuchar, al final, irá preguntarle». De hecho, este tipo de servicio, las consultas, son gratuitas, recordó.

En este sentido –y para cerrar este apartado del debate–, la alto cargo de la Generalitat, Benedito, señaló que esta idea ya está cambiando gracias a la apuesta que la Administración hace por acercar la Justicia al ciudadano. Explicó que este tipo de servicios también están presentes en 63 ayuntamientos. Y para demostrar que esa idea ya ha comenzado a extenderse entre la ciudadanía, ofreció un dato: casi 6.000 personas los usaron en 2022.

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Turno de oficio ¿gratuito?

«La justicia gratuita es un derecho que da acceso a otros derechos», aseguró Benedito. Pero más allá de este tipo de asesoramiento, la profesión de la abogacía no está exenta de problemas de carácter económico. En concreto, Ignacio Castillo se refirió al caso de los abogados de oficio o de guardia. La Administración llama a estos profesionales, que pueden tratar cualquier tipo de Derecho (Penal, Civil…), pues todo depende del conflicto que tenga el ciudadano.

Por tanto, como su rango de actuación es tan amplio y no está sujeto a unos horarios concretos, consideró que deberían cobrar «una cuota mensual digna» porque somos «garantes de derechos». Fernando de Rosa apoyó esta propuesta recordando que la ley de Justicia Gratuita no contempla esta realidad. Y añadió un problema más: después de que la Administración llama a un abogado de oficio, también debe «determinar si la persona tiene derecho a este servicio». Si no lo tiene, no se paga al trabajador, teniendo que reclamar este a su cliente. Por eso, «la Administración debería pagar en estos casos», concluyó.

Para terminar, aparte de la relación cordial entre abogado y juez, defendieron que, de cara al futuro, hay que lograr que la Justicia sea más cercana al ciudadano, más ágil y basada en una formación continua.

¿Ha cambiado la visión de la abogacía entre los alumnos?

Para ser un buen profesional es necesaria una adecuada preparación previa. Por eso, Cristina Guisasola destacó la importancia de «la formación en valores éticos y deontológicos», y no solo que los alumnos se limiten a «conocer la legislación». Por su parte, De Rosa dijo que, desde su percepción, el ámbito educativo ha tenido una evolución muy positiva porque «se está fomentando el espíritu crítico» y en el que el alumno puede participar de esa formación mediante las prácticas curriculares. Ambos, de hecho, hicieron hincapié en que hay muchos estudiantes que cuando empiezan la carrera tienen varias motivaciones, pero hay algunos otros que no saben en qué especializarse exactamente –algo esencial–. Por tanto, señaló De Rosa, «en función de aquello de lo que te empapes a lo largo de los años de la carrera, tu visión puede cambiar».

En relación a esto, todas las actividades que se organizan desde la facultades –como los foros de empleo– juegan un papel muy importante ya que permiten acercar más a los alumnos al mundo laboral porque pueden ver las muchas salidas que tiene esta disciplina en su futuro profesional. A todo esto, Ignacio Castillo defendió la idea de que ese conocimiento del Derecho, al menos las nociones básicas, deberían estar presentes desde pequeños, como la Constitución, los derechos fundamentales, etc., lo que ayudaría, completó el magistrado, a no retroceder en esos valores tan fundamentales.