Los investigadores de la UV protestarán contra el nuevo convenio colectivo de las universidades

"Con prisas y sin tratar los aspectos referentes al personal investigador". Así denuncia el sindicato educativo Stepv que ha sido la firma del convenio colectivo para las universidades públicas. Esta firma era una de las grandes promesas del Botánic en materia de Educación, y llegó pocas semanas antes de las elecciones, después de 7 años con el convenio colectivo paralizado.

La idea es garantizar que todos los trabajadores de las cinco universidades públicas cobren lo mismo dentro de su categoría. El caso del personal de informática es el más paradigmático; los trabajadores de la UPV pasaron meses en huelga y con movilizaciones porque eran los que menos dinero percibían, muy lejos de los informáticos de la Universidad de Alicante. Con este convenio, el salario de los informáticos de las cinco universidades públicas se iguala. Y lo mismo con el resto de profesionales.

La Generalitat aprueba in extremis la mejora de salario para el personal no funcionario de las universidades

Pero el resultado no ha gustado nada al personal investigador de la Universitat de València que reivindican que son "los grandes olvidados". En total hay 600 personas con figuras laborles de investigación en la Universitat de València. Pese a todo, critican que "no parece ser suficiente para que se nos tenga en cuenta en asuntos tan importantes como la firma del convenio colectivo".

El colectivo de trabajadores asegura, de hecho, que el nuevo convenio empeora sus condiciones laborales. Según los investigadores "las retribuciones anuales se reducen a unos mínimos en todos los colectivos, los titulares universitarios no doctores pasan de 19.200 euros brutos anuales a unos mínimos de 18.500, mientras que los doctores pasan de 27.800 (doctor júnior) y 36.600 (sénior) brutos anuales a un mínimo de 20.000 euros, sin distinguir las dos figuras, o hasta tocar los 16.000 euros (rozando el salario mínimo) el personal contratado con título de Bachiller o FP.

Los docentes critican que la propuesta es "inaceptable ya que empeora, todavía más, las condiciones precarias a las que estaba sometida el personal investigador". Por esto, asegura el sindicato, iniciarán movilizaciones de todo el colectivo para exigir mejoras salariales.

La Universitat de València ha explicado que estas cantidades que figuran en el convenio colectivo son "los mínimos" y pide calma a los investigadores. Asegura que seguirá pagando como hasta ahora, muy por encima de las cifras que establece el convenio, y rechaza de plano reducir el salario de este colectivo de investigadores, que de hecho es de los que mejor cobra de las universidades públicas.

Detalles del convenio colectivo

El Botànic cumplió in extremis la promesa de mejorar los salarios del personal laboral de las cinco universidades públicas y sobre todo el de los más precarizados, como los asociados. Esta mejora estaba pactada días antes de las elecciones del año 2019, pero había sido imposible de cumplir por los reparos del Ministerio de Hacienda.

El personal de las universidades más precario verá incrementado su salario un 40 %. Por ejemplo, un docente cobrará 34.000 euros anuales, un colaborador 31.500, un ayudante doctor 30.700 y un ayudante llegará a los 23.000 euros, según explica conselleria. En total suman 2.500 docentes para la medida. Los investigadores denuncian que esta subida no les afecta a ellos.

Otra novedad del decreto es que homologará los salarios que se pagan en las cinco universidades valencianas, igualando siempre a la que mejor se paga. Esto a priori, amainará las protestas de colectivos como el de informáticos de la Universitat Politécnica de València, los que menos cobraban de las cinco universidades públicas y que ahora pasarán a tener el mismo salario que los de la Universitat Jaume I de Castelló.

La mejora salarial se aplicará de manera retroactiva desde enero de este año, lo que supone 20 millones de euros extra que la Generalitat deberá trasladar a las arcas de la Conselleria de Universidades.

Reivindicación de largo

Este problema viene desde antes de que Gobernara la izquierda en la Comunitat, cuando los profesionales de las universidades reivindicaron que la valenciana era la única comunidad autónoma sin convenio colectivo para ellos. Esto llevó al anterior conseller de Educación Vicent Marzà (que asumía también la cartera de universidades) a anunciar un acuerdo ya pactado a pocos días de las elecciones de 2019.

Solo quedaba rubricarlo... Pero no se hizo. Tras las elecciones la cartera pasó a manos de la socialista Carolina Pascual, que retomó las negociaciones y trató de sacar adelante el convenio, pero si dio de frente con los reparos del Ministerio de Hacienda, que consideró entonces que no era posible elevar tanto la masa salarial del personal.

Tras Pascual tomó el cargo Josefina Bueno con dos grandes promesas: el convenio colectivo, que ha acabado aprobando in extremis antes del cambio de Gobierno, y el plan plurianual de financiación de las universidades públicas, que no ha resuelto, y por tanto deberá hacerse cargo de ello el nuevo Gobierno de la Generalitat presidido por Carlos Mazón.