La inversión en gasto social por habitante se duplica en una década y alcanza por primera vez la media estatal

Los Servicios Sociales en la Comunitat Valenciano no han parado de crecer en reconocimiento de derechos, en gasto por habitante, en inversión general, en las plantillas de trabajadores, en atención a la dependencia, en beneficiarios de las rentas mínimas y en acogimiento familiares a menores. Así lo asegura el informe de la asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que analiza la inversión social por comunidades con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Hacienda. El informe destaca la "evolución positiva" de la Comunitat Valenciana durante los años del Botànic (2014 a 2021). Y todo ello en un territorio dependiente, que sufre una infrafinanciación que obliga a la necesidad de los créditos del Estado para mantener los servicios públicos. 

Entre los asuntos pendientes, el informe destaca un déficit en servicios para personas mayores y con discapacidad. Y es que la falta de plazas residenciales y de centros de día sigue siendo una realidad. El Botànic puso el foco en el aumento de prestaciones y en una apuesta del servicio basado en la autonomía personal para evitar el modelo anterior centrado casi en exclusividad en las residencias de mayores como la única opción de la cartera de servicios. De hecho, el modelo Blasco-Cotino supuso el punto y final en 2021, tras el vencimiento de los últimos contratos. Sin embargo, la falta de plazas y las listas de espera son una realidad para quienes la opción residencial es una necesidad. Sobre todo para personas con discapacidad o problemas de salud mental.

El informe destaca el esfuerzo valenciano para mejorar unos servicios sociales con una inversión en gasto por habitante que se ha duplicado en una década al pasar de 217 euros en 2011 a 462 en 2021, lo que ha supuesto alcanzar, por primera vez, la media nacional. El porcentaje del PIB que la Comunitat Valenciana destinaba a servicios sociales era sólo del 1,04% "de manera que en tan sólo 7 años se ha duplicado este porcentaje", destaca el informe. El otro porcentaje que también aumenta es el del presupuesto total del dinero que destinan las Administraciones públicas a los servicios sociales y que supuso el 8,43% en 2021.

A pesar de la denunciada infrafinanciación, la Generalitat incrementa la aportación autonómica, que ya supone el 82,3% del total del gasto, un porcentaje muy superior a la media, que se sitúa en el 69%. Esto ocurre para reducir el peso de la financiación local (que sólo supone el 17%) y compensar el gasto en servicios sociales sin asfixiar a los ayuntamientos, que son la primera puerta de entrada del usuario.

Los aspectos más destacados

- Más profesionales: El modelo de servicios sociales diseñado por el Botànic en 2017 permitió cuadriplicar la plantilla de profesionales de los equipos municipales. Por ello, el informe destaca "las estructuras básicas de servicios sociales (los servicios sociales de atención primaria o comunitarios) con un profesional por cada 1.187 habitantes, siendo la media estatal de uno por cada 1.651. Es de destacar que, en el año 2017, la ratio de profesionales en la C. Valencia era de uno por cada 4.930 habitantes, lo que da idea de la progresión de esta Comunidad en los últimos cinco años".

- La atención a la dependencia: Fue uno de los primeros objetivos del Botànic y se ha cumplido el objetivo. Así, la Comunitat Valencia "alcanza 6,2 puntos en la Escala del Observatorio de la Dependencia, superando ampliamente la media estatal que es 5,1". Hay que destacar que a la infrafinanciación, en general, se suma un incumplimiento sistemático en la aportación estatal al sistema de la dependencia. La valenciana es la segunda sutonomía peor financiada por el Gobierno (un 14 %), solo por detrás del País Vasco (12 %). Esto significa que, de los 1.014 millones que se gastan, el 85 % salen de las arcas valencianas, todo pese a que el Gobierno debería estar financiando según la ley en torno al 50 % del sistema. Jamás ha cumplido este porcentaje. Pero, en lugar de recortar, la Generalitat ha ido incrementado cada año este presupuesto que, en 2021 se situó en una media de 1.916 euros gastados por persona potencialmente dependiente y 9.386 euros de gasto medio por persona beneficiaria.

- La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV): Las rentas mínimas en la Comunitat Valenciana las perciben el 8,5% de las personas bajo el umbral de la pobreza, mientras que la media estatal es del 7,7%. "Hace sólo cuatro años, estas RMI eran prácticamente inexistentes en la Comunitat Valenciana, ya que solo las percibía el 0,04% de la población bajo el umbral de la pobreza. La adaptación de estas RMI al IMV en la Comunitat Valenciana ha sido más positiva que la media estatal, ya que en el periodo de implantación del IMV (2019 a 2021) los perceptores han aumentado un 8%, mientras que la media estatal registra un descenso del 19%", explica el informe.

- Acogimiento familiar: El porcentaje de acogimientos familiares a menores sobre el total de acogimientos, "en la Comunidad Valenciana representan el 62,4%, siendo la media de España el 54,4%".

Lo que está por debajo de la media estatal

- Plazas residenciales, con una cobertura de 1,34%, siendo la media estatal 2,69%. Sigue siendo la deuda pendiente del sistema.

- Servicio de ayuda a domicilio presenta, por un lado, una baja cobertura (2,5% frente al 5,0% de media estatal), aunque con una intensidad ligeramente superior: 21,7 horas de media mensuales en la Comunitat de Valenciana, frente a 19,7 horas de media en el conjunto de España.

- Centros de día, con una cobertura de 0,69% frente a 1,05% de media estatal. La falta de plazas implica un aumento de las listas de espera.

- Teleasistencia, con una cobertura de 1,0%, siendo la media estatal 9,9%. Además, hay que tener en cuenta que el gobierno prepara una reforma en la ley de Dependencia que supondrá que más de 100.000 valencianos tengan derecho a este servicio.

"También es ligeramente deficitaria en Servicios para personas con discapacidad, con 1,7% de cobertura en plazas residenciales (1,7% media estatal) y en centros diurnos y ocupacionales, con un 2,8% frente a 3,2% de media estatal", concluye en informe.

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