Inician una consulta para modificar la norma que regula el funcionamiento de centros y residencias

 La conselleria amplía los plazos que tienen empresas y asociaciones para adecuar los centros al decreto de Tipologías mientras les preguntan qué quieren cambiar  

El decreto que regula el funcionamiento de centros y residencias se aprobó en marzo de este año.

El decreto que regula el funcionamiento de centros y residencias se aprobó en marzo de este año. / F.N.

Mónica Ros

Mónica Ros

Una de las prioridades del Botànic fue “poner orden” en el sistema de Servicios Sociales. Anunció el cambio en 2016, pero aprobó el decreto que materializaba el nuevo sistema en marzo de 2023 tras tramitarlo de urgencia. Al decreto de Tipologías, que regula las características y recursos de residencias, centros de día, ocupacionales, viviendas tuteladas y otros recursos y servicios del sistema asistencial valenciano, le acompañaron las críticas y la denuncia en el juzgado de 14 entidades, entre asociaciones de familiares de enfermos, colegios profesionales y lapatronal de residencias. Ahora, el actual Gobierno con la conselleria de Servicios Sociales, Susana Camarero, al frente, anuncia cambios en esta norma.

Sin embargo, y antes de anticipar nada, la conselleria inicia una consulta a las partes implicadas "para recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones interesadas", antes de elaborar un proyecto normativo. Así consta en el documento que anuncia la consulta y que además, modifica los plazos rpevistos para la adaptación de los centros a la nueva normativa.

El decreto deja en un solo texto más de 15 normas distintas sobre tipología de centros y servicios, algunas de las cuales se remontan a los años noventa. Además, actualiza las ratios, aumenta los profesioanles, organiza servicios y programas, y define las funciones de cada centro y servicio. Así, la patronal de residencias Aerte protestaba ante un modelo diseñado con residencias más pequeñas y con más personal ya que las nueva sobligaciones acarreaban un incremento en el gasto -que cifraban en 286 euros el sobrecoste de la plaza - y apuntaban a que el pago correría a cargo del usuario, aunque la Administración se comprometió a que eso no fuera así y a que el incremento lo cubrieran las arcas públicas.

Otro de los cambios más cuestionados del decreto fue la supresión de la figura del fisioterapeuta de los centros ocupacionales. Y la reacción del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana no se hizo esperar. Las asociaciones de familiares de Alzheimer también criticaron la normativa porque el decreto de tipologías los incluye como un centro de mayores y no reconoce su especialización.

Estas y otras entidades que, en su día aseguraron que no habían sido consultadas, tiene ahora una nueva oportunidad para explicar sus críticas al decreto y argumentar los cambios que defienden.