Catorce entidades denuncian en el juzgado el nuevo funcionamiento de centros y residencias

Aseguran que la nueva normativa que pusiera en orden los centros, servicios y programas de Servicios Sociales era más que necesaria. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas lleva años trabajando en el denominado decreto de Tipologías, que es la normativa que regula las características y recursos de residencias, centros de día, ocupacionales, viviendas tuteladas y otros recursos y servicios del sistema asistencial valenciano. Sin embargo, 14 entidades han presentado en tiempo y forma, el anuncio de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia al que solicitan, además, la suspensión cautelar del decreto "hasta que pueda pronunciarse el Tribunal sobre el fondo de la cuestión para evitar que haya personas que tengan que abandonar el recurso en el que están siendo atendidas o que no puedan acceder por primera vez al mismo, por no poder cubrir el coste de la plaza con los nuevos requisitos exigidos".

De esta forma, ocho asociaciones de familiares de Alzheimer (Xixona, Valencia, Miguel Hernández de Cox, Ibi, Alzira, Alicante, Alcoi y Novelda), el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) y la Asociación Empresarial Valenciana de Servicios a la Dependencia (Avadese) han decidido acudir a los tribunales para paralizar una normativa necesaria con la que no están de acuerdo.

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Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sin embargo, explican que algunas de las entidades que recurren, "en realidad son miembros de Aerte, por lo tanto no son "entidades de todo tipo" sino Aerte con diversos nombres. Y por si fuera poco, en la misma nota de prensa de Aerte se incluye a colegios profesionales y al Consejo de Enfermería arrogándose su representatividad. Lo bien cierto es que Aerte representa al lobby empresarial que defiende los beneficios económicos de las grandes empresas y las entidades asociadas".

Desde Aerte explican que "hay aspectos del decreto que deben entrar en vigor en el plazo de un año. Por ejemplo, el incremento de personal en centros de día de mayores o en residencias de salud mental, y lo más probable es que no haya sentencia antes de ese plazo. Las personas que se vean afectadas, teniendo que prescindir de la atención que reciben, no podrán ser compensadas posteriormente porque no se trata de una cuestión compensable económicamente, por eso hemos pedido la suspensión de la norma", explica el presidente de Aerte, Jose María Toro.

La "duda" del copago

Una de las principales críticas al decreto reside en el posible copago que puede conllevar un decreto que aumenta profesionales, reduce ratios, obliga a ciertos espacios y supone una inversión económica que las empresas no quieren asumir y la Administración, tampoco. Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Igualdad aseguran que las personas atendidas no tendrán que poner ni un euro más. "¿Entonces quién lo va a pagar?", preguntan las entidades. Y es que las cuentas no les salen.

Desde Aerte le han exigido a la administración que el nuevo Decreto viniera acompañado de una financiación "que no supusiera ni un solo euro para las personas atendidas, pero la memoria económica no lo garantizaba como pusieron de manifiesto, en sus respectivos dictámenes, el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el Consell Jurídic Consultiu. Éste último solicitó a la Conselleria un informe de la incidencia económica que tendría la aplicación del decreto en los usuarios, pero entre los documentos colgados en la web de la VICIPI no se encuentra disponible, por lo que se desconoce su contenido". La conselleria, por su parte, ha enviado cartas a los usuarios explicando que el nuevo decreto no les va a repercutir de forma económica. Y Aerte insiste en saber la fórmula elegida para cubrir el incremento de los costes.

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"En los estudios hechos por Aerte, el incremento de los costes por los nuevos servicios no se veía cubierto en su totalidad por un aumento de las ayudas lo que supone un aumento del copago, llegando en el caso de las residencias de salud mental a 840 euros mensuales sólo en coste de personal, lo que es inasumible para la gran mayoría de familias” indicaba el presidente de Aerte.

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"La patronal Aerte ya intentó engañar al Síndic de Greuges presentando una queja sabiendo que no podía por estar el tema judicializado, y ahora intenta engañar a los jueces falseando y tergiversando la realidad respecto a un decreto que fue aprobado por el Pleno del Consell con todos los informes favorables", explican desde la conselleria.

Para el Consell (ya que el decreto es de la Generalitat Valenciana en su conjunto), el objetivo de Aerte está claro "y tiene todo el derecho a defender los intereses económicos de sus miembros, pero para hacer eso no hace falta intentar engañar (como ya hizo con el Síndic) ni arrogarse la representación que no tiene (colegios profesionales) ni subdividirse como su fueran muchos cuando, en realidad, son los mismos. Mientras tanto, desde la Generalitat defenderemos, a través de la Abogacía de la Generalitat, el interés general y, sobre todo, la mejor calidad y atención a las personas más vulnerables que prevé el decreto recurrido".

Y es que "no podemos olvidar que pasó en muchas residencias durante la pandemia es una muestra de que hay mucho que mejorar y eso es lo que pretende el decreto publicado y acordado con la inmensa mayoría de entidades, asociaciones y agentes económicos y sociales, que participaron activamente en su elaboración".

Críticas al decreto

Desde Aerte, por su parte, han reunido las críticas realizadas en los últimos meses en contra de determinados aspectos del decreto, expresadas en distintos foros de entidades del sector. En la jornada celebrada en Valencia el pasado 28 de marzo, la presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG), Sacramento Pinazo, explicó que la entidad que representa "no había participado en ningún momento en el proceso de elaboración de la norma"; Santiago Llopis, presidente de Fevafa, destacó que "no se habían recogido centros específicos para personas con Alzheimer tal y como reclamaban las propias familias"; Esteban Burillo, presidente de Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (APIME), indicaba que había en los nuevos centros de menores "más metros cuadrados destinados a las plantillas que a las personas usuarias y que estaba enfocado desde un punto de vista adultocéntrico"; Montse Rams, presidenta de Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Funcional Intelectual (Copava), se lamentaba de que a pesar de todo el trabajo hecho y las aportaciones realizadas, "no se había escuchado nada por parte de la conselleria".

En la mesa celebrada tras la asamblea de Aerte el pasado 26 de Abril, Aitor Pérez, Socio de Gerokon, planteó la falta de presupuesto para poner en marcha el nuevo Decreto; Estela Darocas, Alcaldesa de Navarrés, pidió más financiación para las entidades locales para la adaptación a los nuevos requisitos; Fernando Moner, Presidente de Avacu, que valoró adecuadamente el cambio de normativa pero que insistió en la necesidad de consensuarla y Enrique Castillejo, presidente del Consejo general de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España y del Colegio de la Comunitat Valenciana, que criticó la exclusión de estos profesionales en el nuevo modelo de atención.

A esto se suman declaraciones llevadas a cabo por Francisco Bellver, vicepresidente de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunitat Valenciana, en la Asamblea de Aerte del año pasado en la que se quejaba "de no haber participado en el proceso consultivo" o las más recientes en prensa del Colegio Oficial de Fisioterapia en contra del criterio seguido por la consellería en la regulación de centros de diversidad funcional. La recién creada Plataforma Neurodegenerativas de la Comunidad Valenciana indicaba esta semana que la viabilidad de 73 centros, servicios y programas especializados que atienden a más de 5.000 pacientes de Alzheimer, Parkinson, ELA, Enfermedad de Huntington y Esclerosis Multiple «está en peligro» por el nuevo Decreto de Tipologías

"Todo el sector apoyaba una nueva normativa para adaptarse a las características de las personas que actualmente atendemos y para superar legislaciones absolutamente obsoletas, pero hemos perdido la oportunidad de hacerlo de manera consensuada, adecuada y con la financiación suficiente para que no le cueste un euro más a nadie. Ahora tenemos que hacer un trabajo entre todos para corregir los aspectos necesarios y hacer viable el sistema en el medio y largo plazo", concluyó el presidente de Aerte.