El dramático desahucio de María y Manuel

Recuerda María que vive en esa casa de la ladera de la Sierra de Callosa «desde el año que mataron a Kennedy». Tiene 79 años, las manos deformadas por esa artrosis severa que deja el trabajo duro y una caída en la calle la dejó sin movilidad al romperse la cadera. Vive en esa casa junto a la Rambla Alta, su casa, desde que se casó. Planta baja, dos habitaciones, saloncito y baño. Todo bien dispuesto en 65 metros cuadrados. Lo mismos que ahora aparecen en venta en un portal inmobiliario como «una oportunidad solo para inversores». Porque a María, gran dependiente, y a su hijo Manuel, que vive con ella, que con 38 años padece esclerosis múltiple, ha perdido buena parte de la visión y sufre ataques epilépticos, los desahucian.

El aval

La casa se la quedó el banco en 2016 porque avalaba otra hipoteca de la familia que no se pudo pagar. Abonan un alquiler social a Promontoria Coliseum Real Estate, una filial de un fondo buitre, que no se ha pronunciado sobre este caso al ser consultada. A pesar de que les renovó el arrendamiento hasta 2025, los ha llevado a juicio y el juzgado ha resuelto el lanzamiento para el día 27 de octubre. El lanzamiento. El de Manuel, que cuida de María, y el de María, que cuida de Manuel. Cuando están bien. Y que piden ayuda para evitar el desahucio. 

El alquiler social

Todos coinciden. Los vecinos que los conocen de toda la vida, el personal del Ayuntamiento que les ayuda a diario, su abogado. Pero la empresa ha hecho todo lo posible por echarlos pese a que han cumplido con el pago. «Intentaron por todos los medios no renovarnos el contrato de alquiler social. Nosotros luchamos y luchamos para evitarlo y lo conseguimos», explica el hijo de María. Eso sí, se lo subieron unilateralmente a 350 euros cuando se enteraron de que iba a cobrar una pensión no contributiva a mediados del año pasado. Aun así la firma emprendió un procedimiento judicial de desahucio amparándose en varios impagos del alquiler pese a que el abono está domiciliado. 

«No nos cobraban la mensualidad para luego decirnos que había impagos», mantiene Manuel, que ha podido resolver tres de las cuatro supuestas mensualidades impagadas. Ahora tienen que hacer comprobaciones para asegurarse de que se lo cobran. «Hasta la abogada de la empresa se siente mal por algo que es incomprensible», añade la asistente social del Ayuntamiento. María Noguera y Manuel Maciá no tienen dónde ir. 

El juez

El juez del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela no quiso escuchar en el juicio verbal que resolvió el lanzamiento, según explica Maciá. No atendió la petición de su abogado para poder aportar y explicar el informe de vulnerabilidad elaborado por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Callosa que garantiza que solo tienen ese techo donde vivir y que el desahucio afectará a dos personas muy dependientes. Tampoco permitió que se explicara en la justificación de que el alquiler está al día frente a la reclamación de la propietaria que asegura que se arrastraban cuatro impagos. El fondo buitre ha intentado todo tipo de coacciones para echarlos incluso después de rubricarse el nuevo contrato de alquiler social, según mantiene y documenta Manuel. Continuas llamadas y una oferta de dinero con un pago único de 1.800 euros por salir de la vivienda. De la casa donde han vivido siempre, camino de la Pilarica. 

María recibe una asistencia de dos horas diarias como persona gran dependiente en grado 3 del Ayuntamiento de Callosa de Segura. Una asistente sociosanitaria, Tania, se encarga de la higiene de María, limpia y hace de comer. Madre e hijo agradecen mucho esa ayuda. Indispensable y necesaria. 

María habla poco, pero se expresa con mucha claridad. «Ayer estuvimos los dos todo el día acostados. Él malo, yo mala. De esta presión que llevamos encima también. Están haciendo una injusticia con nosotros. Todo lo que gano de la pensión es para pagamentos. La luz, el agua, la comida, y la pensión de mi hijo para el alquiler». Una pensión de viudedad y una pensión no contributiva. 

La venta

Ahora la vivienda levantada en 1942 se vende en un conocido portal inmobiliario como «un chalé de segunda mano» por 36.700 euros con sus residentes con contrato de alquiler social en vigor dentro. Eso sí, se advierte que «el activo se encuentra ocupado. Debido al estado ocupacional del activo no se pueden hacer visitas al mismo». El anuncio va en serio. Y la petición de ayuda, también.