Tribunales
Alfonso Rus recibe su primera condena por los contratos zombis de Taula
La sección segunda de la Audiencia de València condena al expresidente de la Diputación y sus colaboradores Máximo Caturla y Marcos Benavent a cinco años de cárcel por el clientelismo en Ciegsa e Imelsa
La sala absuelve al socialista Rafael Rubio y otros cinco trabajadores por considerar que sí trabajaron
Alfonso Rus, Emilio Llopis, Marcos Benavent y Máximo Caturla, en el juicio de los zombis. / Miguel Angel Montesinos
El «clientelismo político y personal» y el uso de varias empresas públicas (Ciegsa e Imelsa) «para repartir favores» entre personas afines al Partido Popular, según la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, ha llevado a la sección segunda de la Audiencia de València a condenar al expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, al exalto cargo de la Conselleria de Educación y exgerente de Ciegsa, Máximo Caturla, y al exgerente de Imelsa y yonqui del dinero, Marcos Benavent. La sentencia ha sido dictada por los magistrados José Manuel Ortega, Lorente, Enrique J. Ortolá Icardo y Pedro A. Casas Cobo, éste último ponente de los 166 folios de la sentencia.
Se trata de la primera condena para el exalcalde de Xàtiva por el caso Taula, del que aún le quedan dos juicios pendientes por las piezas separadas del presunto dinero en el extranjero y la pieza principal que ha investigado los presuntos amaños en la Diputación de València e Imelsa. Rus también ha obtenido una absolución en la otra pieza del caso Taula, la del contrato del centro de llamadas o call center en la que fue absuelto junto a los otros siete acusados.
La sección Segunda de la Audiencia de València considera que Rus, Caturla y Benavent cometieron los presuntos delitos de malversación, en concurso medial con un delito continuado de prevaricación y otro continuado de falsedad documental cometido por funcionario público al contratar a militantes o simpatizantes del PP en las dos empresas públicas para que cobraran un sueldo sin trabajar. No obstante, el tribunal ha decidido absolver a estos tres acusados del delito de pertenencia a organización criminal, del que les acusaba la Fiscalía Anticorrupción.
En la sentencia notificada ayer a las partes, la sección segunda comunica que finalmente condena a 19 de las veinticinco personadas juzgadas por los contratos zombis en Ciegsa e Imelsa entre los años 2004 y 2015. Entre los seis acusados absueltos está el exdiputado del PSPV-PSOE, Rafael Rubio, junto a cinco extrabajadores más: Ángel Ramón Sanchis, Juan Antonio Sanz Núñez, Francisco José Antequera Alabau, Carolina de Miguel y Teresa Gimeno, por considerar que sí trabajaron.
El tribunal impone las penas más altas (5 años de prisión, 14 de inhabilitación y multa de 5.400 euros) al que fuera presidente de la Diputación valenciana entre 2007 y 2015, Alfonso Rus, al ex consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, y al exgerente de Imelsa Marcos Benavent. Aunque también deben indemnizar de forma solidaria con los otros condenados a Ciegsa con un total de 356.554,36 euros y a Divalterra (sucesora de Imelsa, aunque ambas están extinguidas) otros 57.325,55 euros. Además de parte de las costas. Del círculo más cercano de Alfonso Rus, su jefe de gabinete y exalcalde de Genovés, Emilio Llopis, ha sido condenado aun año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de falsedad.
Al resto de los acusados la Sala les condena a penas que van desde los cuatro meses de suspensión para empleo o cargo público hasta los 4 años y 4 meses de cárcel y 17 años y 6 meses de inhabilitación. La sentencia, que ha sido notificada este viernes a las partes, aprecia para todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas y no es firme ya que puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.
Entre los protagonistas secundarios condenados se encuentra los exdirectivos de Imelsa, María Escrihuela y José Enrique Montblanch a los que la sección segunda condena a cuatro años y cuatro meses de cárcel al considerarlos «cooperadores necesarios» de Rus y Benavent en los delitos de malversación de caudales públicos en concurso medial con el de prevaricación. Ambos deben devolver las retribuciones y dietas indebidamente cobrados según falla la Audiencia: 115.410,06 euros en el caso de Escrihuela y 110.249,66 euros en el caso de Montblanch.
Entre el resto de condenados también están los zombis que confesaron haber cobrado sin trabajar a los que se aplica las atenuantes de dilaciones indebidas, confesión y reparación del daño (han devuelto todo o parte del dinero) como el testaferro de Benavent, José Estarlich; el jugador del Olímpic de Xàtiva y concejal del PP en Ontinyent, Miguel Ángel Mullor; la ama de casa de Xàtiva Eva Sarrión; el exalcalde de Cofrentes, Raul Mateo Ángel Balufo; José Adolfo Vedri y los dos trabajadores a los que se contrató en Imelsa como un favor. Todos han sido condenados a siete meses de cárcel y hasta casi cuatro años de inhabilitación.
La sala valida las grabaciones como la del «tres mil, dos milions de peles»
La tesis de la nulidad para derribar esta pieza del caso Taula, y de refilón el resto de piezas, alegada por las defensas de Rus y el yonqui del dinero ha sido rechazada de pleno por los magistrados de la sección segunda que juzgaron la pieza de los zombis del caso Taula. El tribunal rechaza la nulidad de las actuaciones por el uso como fuente de prueba de un pendrive que contenía archivos de audio de conversaciones de Marcos Benavent con otros interlocutores grabadas por él mismo y que su exsuegro copió sin su consentimiento y entregó a la diputada provincial de EU, Rosa Pérez Garijo.
La sala determina que no se vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones y «no cabe imputar violación alguna a los órganos encargados de la investigación», pues el proceso penal «se ha desarrollado sin vulneración de derechos fundamentales ni desequilibrios de las partes».
Entre las grabaciones validadas se encuentra el famoso recuento de dinero de Marcos Benavent en presencia de Alfonso Rus, en un audio que ya ha pasado a la historia de la Comunitat Valenciana. «3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000…12.000, dos ‘milions de peles’». Y que aún puede tener recorrido en las seis piezas separadas del caso Taula que aún quedan por juzgar y en algún caso instruir.
La coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) Rosa Pérez Garijo, que denunció los hechos en la Fiscalía Anticorrupción mostró su satisfacción por la sentencia que condena a Rus. «Han pasado casi diez años y ha sido un camino no exento de dificultades que siempre comporta denunciar la corrupción y que pone encima de la mesa el trabajo de EUPV desde las instituciones y en favor de las políticas públicas y de que el dinero público se destine a mejorar la vida de la ciudadanía y no a llenar los bolsillos de quienes están en política para llenárselas». Pérez Garijo asegura haber sufrido cinco querellas y «la persecución política de dirigentes del PP, entre ellos Rus que en enero hizo unas declaraciones propias de la mafia y no de un político respetado»
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