Interior deportará a un interno del CIE de València de 68 años con VIH y enfermedad de Chagas

El Ministerio de Interior ha notificado la deportación de G.L, un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia de 68 años, con VIH y la enfermedad de Chagas. La campaña CIEs NO ha alertado del "grave riesgo para la salud" de esta persona migrante, que lleva 26 días internado y sin poder seguir su tratamiento para ambas enfermedades.

Fuentes policiales consultadas por este diario aseguran que el propio centro ya cuenta con personal médico que asiste a los internos, y defienden que el CIE cuenta con la fiscalización de un Juzgado que decide las medidas oportunas y "vela por sus derechos". Sin embargo, los activistas de la campaña que asesoran a los internos llevaban días denunciando un empeoramiento de su estado de salud por no poder seguir su tratamiento.

Según denunciaba la campaña CIES No, el ingreso en el centro ya había provocado en esta persona "una discontinuidad en el tratamiento que podría tener series consecuencias para su salud". Esto es debido a que el único fármaco válido para tratar su enfermedad es Nifurmitox, un medicamento con problemas serios de acceso, por lo que su médico en Madrid tuvo que solicitarlo directamente a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un forense entra al CIE de Valencia para ver a un interno con una enfermedad grave

Esta persona estaba siendo tratada por el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid desde el año 2009. Según la campaña, el propio hospital reivindicó que "lo más adecuado es su puesta en libertad para seguir los controles y tratamiento". A G.L se le acabó este fármaco cuando fue detenido en Madrid y trasladado a Zapadores, y según los activistas "durante ese tiempo nadie se preocupó ni vio oportuno que esta persona pasara por su domicilio a recoger una medicación imprescindible para su salud".

Sin especialistas en el centro

Esta combinación de infecciones SIDA-CHAGAS es, según CIEs NO, una asociación grave que necesita de especialistas en enfermedades infecciosas y parasitarias para que puedan darle un tratamiento especializado. Según fuentes policiales, es el servicio médico del centro el que debía valorar si estos especialistas eran necesarios o no.

Los activistas, además de exigir la liberación del interno por motivos de salud, recordó que es el propio estado (que lo tiene en custodia) el que debe "garantizar la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, por lo que será responsable de cualquier complicación sanitaria que G.L pueda sufrir".