El Consell asumirá la deuda que genere À Punt por el IVA

El Consell asumirá la deuda que se genere en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en caso de que la justicia condene a la empresa que gestiona la radiotelevisión pública valenciana a pagar el IVA de los ejercicios entre 2018 y 2021 así como el coste que implica este tributo. PP y Vox han incorporado una enmienda a los Presupuestos en la que se señala que la Administración autonómica "asume la carga de la deuda tributaria y los intereses de ejercicios anteriores", una cifra que podría alcanzar los 11,5 millones de euros.

À Punt fue durante la época botánica uno de los entes habituales de negociación en las enmiendas a las cuentas (solía haber peticiones de aumentar el presupuesto para alcanzar el mínimo) y en las primeras cuentas del nuevo gobierno autonómico de populares y voxistas no ha sido distinto. Ya no solo por la oposición, que ha presionado en esta línea, sino por los propios partidos del ejecutivo, que han blindado el pago del IVA, un asunto que suponía una amenaza para la tele.

De hecho, la sensación de déja vu es tal que la enmienda presentada por PP y Vox es la misma que presentó el Botànic para las cuentas de 2022 y que se quedó incorporada también en las de 2023. Este punto, incluido en el artículo 52 de la ley de Presupuestos que equipara la situación financiera de la CVMC a la de Ferrocarrils de la Generalitat, fue eliminado por el actual gobierno en sus cuentas. Ahora, la enmienda toma plenamente su significado y ambas formaciones se corrigen a sí mismos.

Este cambio llega después de la protesta del sector, que alertaba de que no garantizar el pago del IVA podía suponer un recorte en el presupuesto del ente para el desarrollo de contenido audiovisual, y después de que PP y Vox presentasen a la ley de Acompañamiento varios cambios en la norma sobre la que se fundó À Punt para cambiar el criterio de elección de los consejeros de la corporación así como la limitación de su presupuesto a un máximo del 0,3 % de las cuentas de la Generalitat, cantidad en la que antes estaba fijado el mínimo.

Así, según se desprende de la enmienda presentada por PP y Vox, la Generalitat asumirá "la carga de la deuda tributaria y los intereses de ejercicios anteriores, así como las obligaciones derivadas del ejercicio en curso del impuesto sobre el valor añadido que correspondan a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (la propia À Punt), derivadas de modificaciones normativas o de cambios de interpretación de las correspondientes administraciones tributarias".

Esto supone que en caso de que la Justicia dé la razón a la Agencia Tributaria en su demanda a las televisiones autonómicas (el caso de À Punt no es único) y les exija pagar el IVA, será la Generalitat, y no el presupuesto del ente, el que asuma este coste, unos 11,5 millones. Según señala la enmienda: "El importe de la deuda abonada por este concepto constituirá aportación de la Generalitat para incrementar el fondo patrimonial de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y de la sociedad anónima".

Cambio en la ley

Es decir, este dinero lo transferirá la Generalitat a la empresa pública para poder hacer frente a este pago. Asimismo, la enmienda añade que los órganos competentes en materia de tesorería y de sector público de la Generalitat "autorizarán las operaciones de tesorería y adoptarán el resto de medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, respectivamente".

La enmienda de PP y Vox recupera, en cierto sentido, uno de los puntos que los primeros presupuestos del gobierno que dirige Carlos Mazón había modificado respecto a los anteriores del Botànic. El Consell eliminó el artículo en el que la Generalitat asumía la deuda de este ente igual que ocurre con Ferrocarrils de la Generalitat, algo incorporado por el tripartito de izquiedas en las cuentas de 2022.

No es la única modificación que viven las cuentas de la radiotelevisión pública y que tienen visos de salir adelante al estar propuesta por la mayoría parlamentaria de la derecha. PP y Vox también proponen trasvases económicos dentro de la propia compañía pública. En concreto, amplía en 2,3 millones los recursos para la compra de bienes y gastos de funcionamiento, una cantidad que la resta de gasto de personal.

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