El Botànic cerró 2021 con facturas en el cajón por 1.845 millones de euros

Sanidad acumuló una deuda de 1.642 millones, el grueso del cómputo total u Ocho áreas reducen a la mitad los pagos pendientes entre 2020 y 2021 u La deuda es un 3,5 % más respecto al año anterior

Funcionarios de la Agencia Tributaria, en una imagen de archivo.

Funcionarios de la Agencia Tributaria, en una imagen de archivo. / L-EMV

Amparo Soria

Amparo Soria

La Generalitat Valenciana cerró la cuenta de 2021 con 1.842 millones de euros de deuda por facturas no abonadas a terceros; empresas o particulares que han prestado servicio a la Administración y que no fueron retribuidos. Los datos correspondientes al anterior Consell del Botànic han sido recopilados por la Intervención General con el desglose de cada conselleria o órgano dependiente de la Generalitat, como es la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias o Labora. La cifra es un incremento del 3,5 % más respecto a las cuentas del año anterior, un ligero aumento pese a que solo cinco áreas generaron más deuda, mientras el resto la disminuyó considerablemente, según se desprende del Plan Anual de Control Financiero Permanente.

En total son 481 facturas en el cajón o en su término técnico «expedientes de resarcimiento por Enriquecimiento injusto», y la mayor parte de ellos corresponden a Sanidad, con el 89 % del gasto. Fueron 1.642 millones en 2021, 25 más que en el ejercicio anterior, tal como se recoge en los datos de Intervención. Le sigue la entonces Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con 144 millones de deuda a proveedores, 23 más que en 2020. 

Importes de gastos tramitados por resarcimiento en 2021 y 2020.

Importes de gastos tramitados por resarcimiento en 2021 y 2020. / L-EMV

Como ellas, también Hacienda ha visto incrementar en 21 millones su deuda de un año a otro hasta los 24 millones de 2021. Justicia crece ligeramente y tiene 8,6 millones mientras que Educación crece algo menos de un millón y le quedan facturas por pagar por valor de 3,2 millones. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias aumenta su deuda pasando de 654.720 euros a 3,8 millones, coincidiendo con la subrogación de los bomberos forestales. 

El resto de conselleries reducen considerablemente su deuda a tenor de los datos de Intervención. Agricultura pasa de 20 a 14 millones, mientras que Política Territorial redujo a la mitad la cuantía debida con 2,3 millones. Presidencia pasa de 405.050 euros a poco más de 190.000, Economía 47.397 euros y Participación 18.782 euros. Vivienda es la que más al día puso sus cuentas ya que en 2020 tenía 304.400 euros en facturas en el cajón y al año siguiente se redujo hasta los 15.581 euros. La Agencia Tributaria y la Agencia y la Autoridad del Transporte Metropolitano debían, respectivamente, 707.465 euros y 612.304 euros en 2021, mientras que Labora solo le quedó por pagar 691 euros. 

La Intervención General avisa que la utilización de este procedimiento, el de los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, «se utiliza con mayor frecuencia de lo excepcional como solución procedimental para el pago de facturas carentes de los requisitos necesarios para su abono por el procedimiento ordinario», dice, y sopesa varias razones que explican el uso de esta vía. 

La primera de ellas es que los créditos consignados en el presupuesto de cada área «son insuficientes para la satisfacción de las necesidades de la Generalitat», con la infrafinanciación del Estado en el escenario de fondo y una deuda que asfixia, además de que la previsión del gasto se realiza «con defectos». También explican que la ausencia de una planificación adecuada de la contratación es otro de los motivos que podrían estar detrás de esta deuda no saldada. 

Pese a todo, el volumen de deuda ha caído sustancialmente. Al cierre de 2012, bajo el gobierno de Alberto Fabra tras varias legislaturas del PP, la Generalitat todavía acumulaba facturas impagadas para las que no tenía presupuesto por importe de 2.845 millones, el 44,1 % de todas las obligaciones guardadas en el cajón de las autonomías, que sumaban 6.445 millones, habiendo aplicado ya el Plan de Pago de Proveedores.