La Audiencia Nacional allana el juicio para los 42 acusados de Acuamed por falsear cuatro obras en València y Alicante

La sección cuarta de la sala de lo Penal rechaza los últimos recursos contra el auto de procesamiento dictado en abril

Entre las obras investigadas hay cuatro en València, la Safor y Alicante, además de actuaciones en Algeciras, Tarragona y Murcia

La Guardia Civil durante el registro en Acuamed el 18 de enero de 2016.

La Guardia Civil durante el registro en Acuamed el 18 de enero de 2016. / Víctor Lerena/efe

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional allana el juicio a los 42 acusados por el caso Acuamed, la trama de adjudicación y ejecución de forma presuntamente irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo.  

La sección cuarta de la Audiencia Nacional ha ratificado el auto de procesamiento de los 42 acusados, dictado el pasado 25 de abril por el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, contra el que se había presentado una catarata de recursos. Según confirman fuentes de las defensas y adelantó el digital «Vozpopuli» los magistrados rechazan dejar sin efecto el auto que concluyó la investigación y abocaba a los 42 investigados al acto de juicio oral porque consideran que existen «indicios sólidos» para que sean juzgados por el presunto amaño de contratos públicos entre 2012 y 2015. 

Entre los 42 acusados figuran el exdirector general de Acuamed Arcadio Mateo, que obtuvo de las empresas contratistas dádivas en forma de viajes para él y su familia y estancias dentro y fuera de España e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros. 

El magistrado refleja que desde su llegada al cargo en febrero de 2012, Arcadio Mateo ya fue contactado por empresarios para ganarse su favor y obtener contratos de la empresa pública. Junto a Mateo también serán juzgados Gabriela Mañueco, exdirectora de ingeniería y construcción; el exdirector de la asesoría jurídica, Juan García Cuenca, el exjefe de finanzas Carlos Anibarro Martín o el subdirector de contratación Francisco Javier Gómez Pastor, entre otros. También será juzgado el empresario y antiguo responsable de Trasagua, antecesora de Acuamed y encargada de construir el trasvase del Ebro, Nicolás Steegmann López-Doriga, junto a su pareja sentimental y extrabajadora de Acuamed Enriqueta Arconada, según el auto. 

En el caso Acuamed se investigaron por las presuntas irregularidades las obras de laminación de avenidas del río Serpis en la Safor, la modificación de la acequia de Favara y el sistema de interceptación de fluviales en el colector oeste Fase 1, en el entorno de l’Albufera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable en alta para los Municipios de El Campello y Mutxamel, además de las obras de operación y mantenimiento de la planta desaladora de Torrevieja, entre otras, que también afectan a otras provincias como Algeciras, Almería, Murcia o Tarragona. 

El magistrado imputa a las 42 personas procesadas los presuntos delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según el auto del juez Manuel García Castellón ahora ratificado por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

La causa se inició tras las denuncias de dos trabajadores, Gracia Ballesteros y Francisco Valiente, que llegaron a ser despedidos por los directivos ahora procesados.

Las amenazas de un contratista a una denunciante 

Uno de los empresarios procesados, Nicolás Steegmann, presionó a una de las denunciantes del caso Acuamed, Gracia Ballesteros, que «denunció estos hechos y fue también removida de su puesto», según recoge el auto del Juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Steegmann pidió a Ballesteros que reevaluara la puntuación de su empresa en una licitación. «Ante la negativa de Gracia Ballesteros, Nicolás Steegmann le hizo insinuaciones sobre la posibilidad de que su puesto peligrase si no accedía a sus pretensiones, como efectivamente ocurriría más tarde». Ballesteros tuvo que llegar al Supremo para que se anulara su despido. L. B. València