La mitad de los grandes municipios llevan sin plan antisequía veinte años
Sólo 35 ayuntamientos cuentan con estrategias para afrontar la escasez de agua
La confederación les reclama ahorros en usos no prioritarios, nuevas ordenanzas y campañas de concienciación
La mitad de municipios valencianos obligados por el Gobierno a tener plan de emergencia frente a la sequía continúan sin contar con él dos décadas después de entrar en vigor la normativa. Solo cumplen 35 de los 66 consistorios con más de 20.0000 habitantes que en la demarcación hidrográfica del Júcar han de contar con esta herramienta. La historia se repite en los 13 sistemas mancomunados, consorciados o comunidades de usuarios que abastecen a agrupaciones de localidades, pues seis no han redactado una planificación crucial en el actual contexto de escasez en varios puntos de España.
Siete de las nueve zonas hídricas de la cuenca del Júcar han activado distintos niveles de alerta en función de la escasez. La peor parte se la lleva el norte de Castellón, en el Sénia-Maestrat, que engloba a poblaciones como Vinaròs, Benicarló y Peñíscola. Desde esta semana está en situación de emergencia, sumándose así a la del Palancia. La Marina Alta, mientras, continúa en alerta y en prealerta quedan ya otros cuatro sistemas: Mijares-Plana de Castellón, Serpis, Marina Baja y Vinalopó-Alacantí.
Desde el organismo de cuenca se aclaraba ayer que 42 de los grandes ayuntamientos que deben disponer de su propio PEM se encuentran en algún sistema consorciado o mancomunado, y en algún caso incluso en dos. Es el caso de Calp, que además de disponer del suyo pertenece a la Mancomunidad de Calpe, Murla y Vall de Laguar - Pozo Lucifer y a su vez al Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Marina Alta.
«Se considera que todos aquellos con población de más de 20.000 habitantes deben presentar su propio Plan de Emergencia, con independencia de que exista o se elabore uno para la mancomunidad o consorcio en el que se encuentra integrado en su caso, dado que la competencia para la adopción de algunas medidas sobre las demandas es municipal», insisten. La CHJ hace referencia a las campañas de concienciación y ahorro, la aprobación de ordenanzas, o a los ahorros en usos no prioritarios. «Dada la vinculación entre la gestión del servicio en alta y la gestión en baja la elaboración de ambos planes de emergencia debe hacerse de forma coordinada con objeto de maximizar su utilidad», subrayan.
La situación anticiclónica y la falta de precipitaciones de los últimos meses han provocado esta semana un nuevo descenso en la reserva de agua en los embalses españoles, que se sitúan actualmente en el 50,1 % de su capacidad total, con 28.095 hectómetros cúbicos (hm3). En la cuenca del Júcar se está en un 48,75 %, con nueve hectómetros cúbicos más. El organismo de cuenca ha adelantado a la segunda semana de marzo la comisión de desembalse que solía llevar a cano en el mes de abril y anticiparse así de cara a la campaña del riego.
En el Segura, mientras, la situación es ya asfixiante. Los emblases apenas alcanzan el 18,1 %. Sin embargo, los 23 consistorios de la cuenca del Segura con más de 20.000 habitantes obligados a tener el plan de sequía sí cuentan con él, según INFORMACIÓN de Alicante.
Estrategias municipales
Como ya avanzaba Levante-EMV en su edición del miércoles, la confederación hidrográfica del Júcar ha empezado a enviar misivas a los grandes ayuntamientos y mancomunidades recordándoles la necesidad de tener sus estrategias antisequía al día. Además, se les recuerda que han de activar todas aquellas medidas de ahorro en instalaciones o fuentes públicas a fin de evitar pérdidas de agua sobre todo en las conducciones.
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