Los fondos buitre, dispuestos a firmar contratos de alquiler social con la Generalitat

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València afirma que los fondos buitre sólo están dispuestos a firmar contratos de alquiler social con la Administración

"Una solución es que el titular del contrato sea la Conselleria o el ayuntamiento y la familia afectada se pueda subrogar", explican desde la PAH

"Me niegan un alquiler social, me desahucian el viernes y estoy desesperado", explica Antonio Simarro

Paco y Maribel, activistas de PAH València, junto a Antonio Simarro, pendiente de un desahucio

Paco y Maribel, activistas de PAH València, junto a Antonio Simarro, pendiente de un desahucio / Germán Caballero

Mónica Ros

Mónica Ros

"Que un fondo buitre firme un contrato de alquiler social es casi un imposible". Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València así lo aseguran tras negociar con ellos en procedimientos de desahucios que dejan a las familias sin techo y los pisos, cerrados. La casuística es variada pero el drama, el mismo. El escudo social y la pandemia propició la firma de alquileres sociales con entidades bancarias que ahora, cuatro años después, llegan a su fin. El contrato acaba pero el dueño del piso ya no es el banco, sino un fondo de inversión, que se niega a firmar un nuevo contrato. Quieren el piso vacío y continúan con los procedimientos de desahucio hasta el final. Solo contemplan una posibilidad: firmar contratos de alquiler con la Administración, una fórmula que llevan a cabo en otras comunidades autónomas. "A lo único a lo que están dispuestos a negociar los fondos buitre es a que el titular del contrato de alquiler sea la Administración. Luego, las familias se subrogan a este contrato y acuerdan el alquiler social. Necesitamos que el gobierno explore esta vía porque detrás de cada desahucio hay personas, familias, que pierden el techo y ya no tienen manera de conseguir otro. Como Antonio".

"La clase trabajadora está perdiendo el techo", alertan desde la PAH

El caso de Antonio Simarro, es el ejemplo del de centenares de personas, de familias. El hombre tuvo trabajo en una cadena de supermercados durante 38 años. Hoy tiene 61 años y su vida cambió hace unos años cuando se divorció y se fue a vivir con su madre, a Rafelbunyol. Pero su casa familiar, donde él nació y se crió ya no era de su madre, sino de un banco. "Mi madre avaló con su casa un préstamo para mi hermano y acabó perdiendo la casa. Con el decreto del gobierno consiguió un alquiler social", explica el hombre en el comedor de una vivienda plagada de recuerdos.

Antoni Simarro mira fotografias de la familia en la casa que teme perder.

Antoni Simarro mira fotografias de la familia en la casa que teme perder. / Germán Caballero

El banco vendió ese "activo" a un fondo buitre y el contrato llegó a su fin. "Yo ya estaba viviendo con ella y nos echaban a la calle pero, al final, accedieron a firmar con mi madre un contrato de alquiler", explica Antonio. Pero la madre fallece sin haber podido firmar el contrato y Promontoria Coliseum, una filial del fondo buitre Cerberus en España, está decidida a desahuciar a Antonio este mismo viernes. El lanzamiento es el 23 de febrero a las 10 horas.

El hombre, a sus 61 años, está destrozado. Y es que sabe que ya no es sólo quedarse sin vivienda. Es también saber que no va a poder conseguir un techo. La PAH lo denuncia y expertos en el sector lo corroboran: ni inmobiliarias ni propietarios firman contratos de alquiler con quien percibe rentas mínimas, subsidios o estén en paro. A pesar de ser ingresos fijos, no hay alquiler posible si los ingresos son de ayudas públicas. Antonio forma parte de este grupo. Cobra el subsidio de personas de más de 52 años en paro e ingresa al mes 480 euros. "¿Quién me va a alquilar una vivienda? Nadie. Si pierdo la casa lo pierdo todo. ¿Y qué hago con los muebles, con los electrodomésticos? Es la muerte en vida. Nunca pensé que me vería así. Lo he intentado todo. Les he pedido un alquiler social. Que el alquiler que le iban a dar a mi madre lo firme yo... He ido al banco a ver qué préstamo me podrían dar para comprar la vivienda. Se niegan. Me he ofrecido a hacerme cargo de la deuda de mi hermano, la que originó la pérdida de la casa, y luego asumir el alquiler social... Y tampoco. Ya han puesto la casa en venta, me escriben a diario y me dejan carteles en la puerta. Me ofrecen 1.000 euros por irme. Estoy desesperado, hundido. La vida me dio un revés del que no me he recuperado y si me quedo sin techo nunca podré salir del agujero", explica Antonio Simarro que, además, está enfermo.

"La vida me dio un revés del que no me he recuperado y si me quedo sin techo nunca podré salir del agujero", explica Antonio

"La PAH ha hecho llegar en tiempo y forma la última situación de enfermedad que padece esta persona. No hay un sentimiento de empatía con la sociedad valenciana y la PAH exige a Promontoria Coliseum y a todos los fondos de inversión que asuman una parte importante de responsabilidad social. Y le solicitamos a los poderes públicos que no se dediquen a mantener la situación de privilegio que existe en la actualidad con este tipo de entidades porque esto es una bomba y al final no es un problema de la PAH, es un problema y un drama social y no puede estar sometido a estrategias de politiqueo", explica el portavoz de PAH València, José Luis González Meseguer.

En busca de políticas valientes

Y añade: "Clamamos para que los poderes públicos se pongan a favor de unos propietarios que han perdido sus viviendas, en muchos casos, por cláusulas abusivas. Y eso no se pone en cuestión ni se le exige responsabilidad a quien, además, ahora especula con esas mismas viviendas. La clase trabajadora está perdiendo el techo y necesitamos políticas valientes ante este drama, que nosotros vemos a diario y que ahora va a más porque las propiedades han pasado a manos de fondos buitre que ya se niegan a cualquier medidad de acción social. Necesitamos un plan de choque en la Comunitat Valenciana y lo necesitamos ya porque no damos abasto. Necesitamos que todos los grupos políticos dejen a un lado sus diferencias y entiendan que hay que trabajar juntos en el problema de vivienda, que es el principal problema de la ciudadanía".