Detenido un asesor de Ábalos por una trama de corrupción en la compra de mascarillas

La Guardia Civil ha detenido a Koldo García Izaguirre, el que fuera escolta y asesor del exministro José Luis Ábalos al frente de la cartera de Transportes, por un caso de presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus. Su nombre apareció en la esfera pública al conocerse que Ábalos le había promovido para consejero de Renfe Mercancías.

Según la Fiscalía Anticorrupción, su detención, el martes en Benidorm -donde reside-, y la de otras 19 personas más se enmarca en una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Cinco de los arrestados, entre ellos García Izaguirre, pasarán hoy a disposición judicial ante el magistrado.

El arresto lo llevaron a cabo agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la denominada operación Delorme, -por el inventor de las mascarillas quirúrgicas-, por la supuesta vinculación con el cobro de sobornos en adjudicaciones de mascarillas en los peores meses de la pandemia, y que estarían relacionados con la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones.

En especial, según ha podido confirmar El Periódico de España, del mismo grupo editorial que Levante-EMV, la investigación gira alrededor de la adjudicación de contratos por parte de los ministerios de Transportes e Interior por al menos 40 millones de euros a la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., que habría posibilitado que el asesor de Ábalos tuviera un importante crecimiento en su patrimonio personal.

La investigación que ha conducido a la detención de García Izaguirre se habría iniciado a raíz de una de las denuncias presentadas por el PP de Madrid en marzo de 2022, según han confirmado fuentes de la investigación a El Periódico de España. La denuncia del PP se presentó como respuesta a otra investigación abierta que afectaba a unos contratos obtenidos por el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, finalmente archivada. Los populares acudieron a la Fiscalía Anticorrupción con un dossier que incluía doce contratos ofertados por ministerios como Sanidad y Transportes, entre los que se encuentra la mencionada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., que es la que afecta a García Izaguirre. Esta empresa aragonesa pasó de una facturación muy baja en 2019 a 53 millones de euros en 2020. Los responsables de esta firma no han querido hacer declaraciones a preguntas de este diario.

Puertos del Estado, precisamente, adjudicó un contrato de mascarillas por valor de 24,2 millones a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL el 21 marzo de 2020 en los primeros días de la pandemia y al poco de llegar el valenciano Francisco Toledo a la presidencia del organismo. Su nombramiento por el Consejo de Ministros, a instancias del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se había producido apenas un mes antes, el 25 de febrero de 2020.

Francisco Toledo, preguntado por Levante-EMV, aseguró ayer que desconocía que Koldo García estuviera involucrado en nada, y que no tenía más contacto con él que el propio de ser miembro del consejo rector de Puertos de Estado. Además, el expresidente del puerto de Castellón y de Puertos del Estado asegura que el procedimiento de contratación fue impoluto, y que las mascarillas se compraron a precio de mercado.

Dos pisos en Benidorm y tres terrenos en Polop: las propiedades que despertaron las sospechas sobre el asesor de Ábalos

El contrato de Puertos del Estado, según la información pública colgada en la Plataforma de Contratación, tenía como objeto el «suministro de mascarillas profilácticas ante el covid en el ámbito del transporte y la movilidad». Se adjudicó en un procedimiento negociado sin publicidad y esta firma fue la única oferta recibida.

Por otra parte, la página web de la empresa especifica que también fue objeto de contratos en Baleares y Canarias. Mientras tanto, el exasesor no contactó con los antiguos gestores del Botànic, según fuentes próximas al anterior Gobierno socialista.

Según adelantó El Confidencial, Koldo García y su pareja, Patricia Uriz Iriarte, utilizaron presuntamente fondos de origen ilícito, provenientes de las comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de mascarillas para adquirir propiedades en la provincia de Alicante. Habrían invertido en el ladrillo como forma de lavar el dinero obtenido de manera dudosa. Entre las propiedades adquiridas destacan dos pisos en Benidorm y extensos terrenos en Polop, sumando un total de cinco propiedades cuyo valor no se corresponde con los ingresos declarados por la pareja.

Sánchez desvincula su cese

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, recriminó al PP sus «maledicencias» por sugerir que el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes estuvo vinculado a las supuestas actividades fraudulentas de su entonces asesor Koldo García durante la pandemia y ha negado, con un «rotundamente no», que el relevo se produjera por dicha cuestión.