La dirección de Vox lanza un pulso territorial al PP con la inmigración

Vox amenazó ayer con impedir el traslado de migrantes irregulares desde Canarias a las comunidades autónomas donde gobierna en coalición con el PP, como la Comunitat Valenciana. El Gobierno quiere regular estas reasignaciones a través de una modificación en la ley de Extranjería que ya negocia con los territorios, una iniciativa que el partido de Santiago Abascal quiere torpedear con este órdago pese a que las competencias en esta materia son del Estado.

Desde el Ejecutivo valenciano no quisieron valorar el desafío de la cúpula de Vox, ni desde la Conselleria de Servicios Sociales de la vicepresidenta segunda, Susana Camarero (PP), ni desde la del vicepresidente primero, Vicente Barrera (Vox). Desde la parte popular se limitaron a señalar que el responsable de la gestión de las personas migrantes es el Gobierno. Solo cuando son menores pasan a estar bajo la tutela de la Generalitat.

El nuevo portavoz de Vox, José Antonio Fúster, que se estrenó ayer en el cargo en sustitución de Ignacio Garriga, posible candidato del partido a las elecciones de Cataluña, arremetió contra esa reforma. Según dijo, busca "exportar cierta parte o la gran parte de la inmigración ilegal a otras autonomía". En su lugar, apostó por que "todo el que entre de forma ilegal" sea "expulsado de inmediato".

Según Fúster, no se puede caer en el "falso buenismo" y así se lo trasladarán al PP en las autonomías donde gobiernan juntos (Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia, además de en el Consell) y se mostró seguro de que llegarán "al mejor acuerdo posible" con sus socios.

¿Barrera se suma al plan?

Desde el Consell ni confirman ni desmienten que se haya transmitido el mensaje de la dirección de Vox. En todo caso, parece evidente que la formación está cocinando una ofensiva territorial sobre migración, uno de los ejes de su discurso, con la que presionar al PP a las puertas de un nuevo ciclo electoral. La pasada semana, el vicepresidente primero de Aragón, Alejandro Nolasco, ya abogó por parar la concesión de la nacionalidad española a personas procedentes de países islámicos mientras rompía públicamente un folleto sobre el ramadán.

El propio Barrera también ha dejado algunas declaraciones en este sentido en sus redes sociales institucionales. Sin ir más lejos, ayer dio voz a un mensaje de Vox en el País Vasco en el que habla de "invasión" de personas migrantes y critica que "no se integran, ni respetan nuestra cultura, ni quieren trabajo". Unos días antes y desde su despacho de la Generalitat, se grabó otro vídeo en el que vinculaba los 13 asesinatos perpetrados en la C. Valenciana en febrero con la llegada de personas migrantes.

Controles de edad en origen

Las proclamas de Vox coincidieron con la segunda Conferencia Sectorial sobre inmigración de la legislatura entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que tuvo lugar ayer. La Generalitat quiere que los controles a las personas migrantes que realiza el Gobierno para cribar entre mayores y menores de edad tengan lugar en origen y no una vez ya han sido reubicadas. Es la principal reclamación que el Consell puso encima de la mesa durante cónclave, en el que el Ejecutivo valenciano también insistió en la urgencia de recibir una mayor financiación por parte del Estado para sufragar estos servicios.

El factor de la edad es clave en los procesos de acogida. En primer lugar, porque las competencias en inmigración son estatales salvo si se trata de menores, que en ese caso pasan a depender de la comunidad autónoma en cuestión. Además, estas personas reciben un tratamiento legal muy diferente en función de si han alcanzado o no la mayoría de edad.

Fiscalía hará pruebas de la edad a 300 migrantes de Canarias al sospechar que son menores

Mientras a un adulto apenas se le debe facilitar un alojamiento durante seis meses, los menores pasan automáticamente a ser tutelados por la administración autonómica, que además de un techo bajo el que vivir deben proporcionar a estas personas unos mínimos básicos como el derecho a la educación o los papeles en regla al cumplir los 18 años.

Aunque algunos de estos puntos no se cumplen en muchos casos, los esfuerzos inversores y logísticos para una administración son mucho mayores cuando se trata de menores. Por eso, desde la Conselleria de Servicios Sociales que dirige la vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero, apelaron ayer a realizar esos controles en origen.

La Generalitat ya alertó de esta problemática a finales de 2023, cuando en plena ola de llegadas de migrantes a Canarias (que el Gobierno repartió entre diversos territorios) se detectó la posible presencia de menores una vez habían sido ya reubicados en la C. Valenciana. Muchas de estas personas son conscientes del cambio de trato legal en función de la edad y deciden hacerse pasar por adultos, ya sea para poder trabajar cuanto antes o bien porque no desean quedarse en España sino continuar su migración hasta Francia u otros países.

Ante las sospechas del Consell, la Fiscalía sometió a pruebas de edad a 300 migrantes llegados de Canarias para aclarar su edad y por tanto, el trato a depararles. Según denunció Camarero, ya entonces se habían detectado 26 menores de edad, algunos de ellos de 15 años.

Más allá de este punto concreto, fuentes de la conselleria lamentaron ayer la descoordinación y falta de comunicación con el Gobierno central en esta materia. Además, volvieron a exigir un aumento de la financiación para que las autonomías puedan asumir el coste de estas atenciones. A cierre del año, la Generalitat Valenciana tutelaba a 1.616 menores en residencias y 2.176 en familias de acogida.