Fiscalía no aprecia "conducta delictiva" en las compras de material sanitario del Botànic en la pandemia

La Fiscalía no ha apreciado conductas delictivas en los contratos de compra de material sanitario que reclamó a la Agencia Valenciana Antifraude para buscar posibles ilegalidades en las transacciones firmadas por el Botànic durante lo peor de la pandemia. Ahora esa documentación vuelve al órgano fiscalizador autonómico, que según ha adelantado el director general de la entidad, Joan Llinares, está ultimando su análisis, en este caso en busca de "irregularidades administrativas".

Llinares, en la rueda de prensa posterior a la presentación de la Memoria de 2023 en las Corts, ha explicado que Antifraude abrió de oficio una investigación en este sentido, pero que la tuvo que interrumpir "largo tiempo" porque Fiscalía "reclamó" toda la documentación y asumió las pesquisas.

Una primera parte de esos documentos fueron devueltos a la agencia valenciana tras no hallar el ministerio público conducta delictiva en las operaciones del Consell. Con esos datos, Antifraude sí elaboró un primer informe en el que, en verano de 2022, constató irregularidades como la firma de contratos con "empresas que no tenían preparación ni habilitación para contratar con la Administración" o "márgenes comerciales del 30 % no justificados".

Ahora, al recibir la segunda remesa de investigaciones tras considerar Fiscalía de nuevo que no hay conducta delictiva, Antifraude continuará indagando si se han producido irregularidades administrativas. Según Llinares, el informe estará disponible "en poco tiempo".

En el foco político

Llinares ha acudido a entregar el resumen anual del órgano que preside en un momento en el que PP acaba de presentar una iniciativa para reformar el ente y, entre otras cosas, rebajar los apoyos necesarios para elegir director. Antes era mayoría cualificada de tres quintos, lo que obliga a pactos entre bloques, y ahora pasaría a mayoría absoluta, lo que deja en manos de PP y Vox la elección.

Al respecto, Llinares ha señalado que prefiere la elección por mayoría cualificada, frente a la elección del presidente a la elección en segunda vuelta por mayoría absoluta que plantea la modificación, pero rechazó cuestionar la legitimidad que da una mayoría absoluta del parlamento.

Aumento de las investigaciones

Bajando a los números de la memoria, estos arrojan un aumento de las denuncias a las que ha tenido que hacer frente Antifraude durante 2023. La agencia investigó 556 denuncias el pasado año, un 22,73 % más que el ejercicio anterior, una de ellas por "trampas" de 5 policías locales de La Nucía (Alicante) que accedieron al cargo falsificando certificados de estudios. En total suponen un importe recuperable de 5,1 millones de euros.

Un 40 % de las denuncias presentadas se refiere a la gestión de recursos humanos, y dentro de ellas los procesos selectivos, y el 11 % corresponde a la contratación pública y el urbanismo, según el resumen ejecutivo de la memoria.

El importe total recuperable es de 5.145.193 euros y el coste real ejecutado de la Agencia fue de 3.818.569 euros (ratio de retorno de 134,74 %), y en conjunto desde el funcionamiento de Antifraude la cantidad recuperable sin contar activos reputacionales supone más de 34 millones.

En 2023 aumentaron las entidades que incumplieron las recomendaciones de Antifraude pero al mismo tiempo crecieron las que iniciaron expedientes de recuperación, y se han dictado 21 resoluciones de incumplimiento de 22 administraciones y entes públicos.

Los que no han aceptado las recomendaciones han sido los ayuntamientos de Albal, Alcoy, Alicante, Aras de los Olmos, Benidorm, Burriana, Callosa de Segura, Canet d'En Berenguer, Castelló de Rugat, Chiva, Cortes de Pallás, Elche, Foios, Godella, Rojales, Tous, Turís, València y Vilamarxant, así como la Mancomunitat del Carraixet, Divalterra y el Consorcio Valencia Interior.

El 16 % de las denuncias presentadas inicia una investigación, el 56 % se refiere a la administración municipal, el 12 % a la Generalitat y otro 12 % al sector privado. El 89 % se presenta a través del buzón de denuncias, el 57 % de forma anónima, un 71 % por parte de hombres y un 29 % por mujeres.