El ministro envió a Mazón el informe de la ONU contra la ley de concordia el día 7

La portavoz del Consell señaló no haber recibido la carta contraria a la ley, y Memoria Democrática replica que la envió hace una semana 

Celebración del pasado 14 de abril, en el cementerio de Paterna

Celebración del pasado 14 de abril, en el cementerio de Paterna / Eduardo Ripoll

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

Tan epistolar se han vuelto las relaciones en la política contemporánea (desde la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez a las cartas del Gobierno a los parlamentos autonómicos) que es normal que afloren en ocasiones los problemas de comunicación. Ya se sabe como va el correo. 

Le pasó al president Carlos Mazón, hace unos meses, cuando remitió a la líder del PSPV, Diana Morant, una carta de felicitación y citándola a mantener el primero encuentro que finalmente se celebró hace un par de semanas. Aquella carta, que ya se había publicado en los medios, no llegaba al PSPV. Al final se encontró el problema: un error en la dirección de correo electrónico. Así que pasaron días hasta que llegó la carta por correo postal ordinario.

Sin noticias del informe

Ahora los problemas de comunicación llegan con el Gobierno. La portavoz del Consell, Ruth Merino, aseguró tras la reunión del pleno del Consell del pasado lunes que no tienen noticias de la carta del ministro de Memoria Democrática con el informe de los relatores de la ONU con sus objeciones a la ley de Concordia que tramita la Generalitat, una ley a la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se opone, y amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional.

El Consell dice que no sabe nada y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en cambio, dice que sí, que sí que ha enviado el documento. Y adjunta el justificante de registro de la comunicación a través del sistema de Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER).

Hace más de una semana

En concreto, el documento fue incorporado el pasado 7 de mayo a las 9 de la mañana, con dirección a Presidencia de la Generalitat, bajo el asunto «Mandatos del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, del grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del relator especial».

Cabe recordar que PP y Vox y el Gobierno de España mantienen un tira y aflojo en torno a esta proposición de ley que, de facto, supone la derogación de la ley de memoria democrática de 2017 impulsada por el anterior Consell del Botànic.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha enviado misivas tanto a los parlamentos autonómicos de la C. Valenciana, Aragón y Castilla y León como a los gobiernos de las tres comunidades para enviarles el informe de tres relatores de la ONU, críticos con las proposiciones de ley, además de para advertirle de que actuará en contra de proyectos que vayan «contra los estándares internacionales de los derechos humanos». 

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