La Sindicatura de Greuges ha emitido un nuevo requerimiento -el tercero- al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber para que les faciliten el informe de Intervención que avalaba el anticipo de la nómina que solicitó el alcalde, Enrique Santafosta, por valor de 15.000 euros en junio de 2020 La concejala de Hacienda, Marta Retamosa, pidió otro adelanto de 1.000 euros pocos días después. El pasado febrero, fue el concejal de Ciudadanos, Daniel Nieto, quien hizo lo propio por valor de 6.000 euros. Todos estos casos han sido denunciados por la oposición, liderada por Guanyem SAB y PP.
El síndic no ha recibido nada todavía. De ahí que sea la tercera vez que solicita la información siguiendo el cauce de la queja interpuesta por Guanyem SAB el 29 de diciembre, pero el PP registró otra el 15 de febrero y en ese trámite es la segunda vez que adjunto segundo al Síndic, Carlos Castillo, hace la solicitud.
El alcalde, Enrique Santafosta, asegura que se contestó al síndic asegurando que los concejales fueron correctamente informados en el pleno de marzo, con un informe encargado al despacho jurídico Andersen donde se señala que no se incurrió en ninguna ilegalidad. «Otra cosa es que no se les ha contestado lo que ellos quieren o como quieren», dijo a a este diario.
En el nuevo requerimiento, la alcaldía informará al Síndic de que están pendientes «de un informe sobre Protección de Datos», ya que Santafosta cree que el expediente original contiene información que pueden infringir la normativa. Por ello, están pendientes de una nueva asesoría jurídica que les indique si corresponde o no facilitar el informe par no incurrir en un delito. «El responsable de protección de datos del ayuntamiento lo desaconsejó», aseguró Santafosta.
Informe sin validez
Es el documento que piden tanto en Guanyem-SAB como en el PP. El informe jurídico redactado por Andersen no tiene validez para ninguno de los dos partidos. «Una empresa externa dice que el anticipo no es ilegal; bien, eso tendrá que decirlo un juez», señaló Orozco. En el PP creen que en el informe jurídico «se ha maquillado la información».
Los dos partidos saben que en el informe que redactó la Intervención para dar luz verde a los anticipos hubo reparos pero «el alcalde puede saltarse esos reparos», señaló Orozco. De hecho, en el informe jurídico que Santafosta facilitó al pleno sí que se recogen estos reparos, afirmando que tanto en la solicitud del alcalde como en la de Retamosa, «falta la indicación de las necesidades personales que pretendía atender con el anticipo». Según el informe, Intervención también aseguró que había crédito. Sin embargo, hace una observación al apreciar que el importe solicitado por Santafosta, 15.000 euros, «excede las dos mensualidades» y porque «el Sr. Alcalde debe abstenerse de concederse el anticipo a sí mismo». El mismo informe jurídico avisa que el reparo «no tenía efecto suspensivo».
Se asumen los reparos
Aun así, las dos observaciones se solventaron. El documento recoge que la concejala Retamosa emitió informe de resolución donde señala que en las bases de ejecución de los presupuestos «se permite la concesión de anticipos por plazos superiores a 10 mensualidades» y, además, asegura que para firmar el anticipo «la alcaldía había delegado las competencias para evitar incurrir en un conflicto de interés». Retamosa, el 23 de junio de 2020, como alcaldesa accidental, acordó por decreto «asumir el contenido del reparo de intervención y acordar la concesión del anticipo solicitado por el alcalde».
