El pleno de Riba-roja de Túria ha votado de forma unánime en una moción: la que pide la suspensión de la sentencia por la que se ordena demoler la vivienda unifamiliar de Vicente Tomás, situada en la urbanización Carassols, construida en suelo no urbanizable como el resto de viviendas y donde vive con su hija con discapacidad y sus padres mayores.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 17 de València exige el derribo de esta vivienda por no estar en terreno urbanizable, es decir, no es legal su construcción ni la de cualquiera de ese nucleo de diseminados que se expande por el polígono 42 del municipio. PSPV, Compromís, Riba-roja Pot, PP, Cs, EU y Vox han votado a favor de suspender la orden y apelan al juzgado a "revisar la solicitud de viabilidad de continuar con la tramitación de la minimización de impacto" de la vivienda.
Esta declaración de Minimización de Impacto Indiviualizado es un recurso que habilitó la Conselleria de Política Territorial para permitir regular estas viviendas construidas en zonas no urbanizables. En el caso de la vivienda de Vicente Tomás, se le adjudicaba un nivel 0 de impacto, es decir, que no perjudica en exceso a su entorno. Sin embargo, tal como subraya el ayuntamiento y al contrario de lo que informó el abogado de Tomás, esta declaración se encuentra en tramitación y paralizada por el juzgado al haber sido emitida la sentencia, por lo que piden reactivar el trámite.
Además, el ayuntamiento recoge en la moción que Servicios Sociales ha elaborado un informe para el juzgado donde se advierte no hay en estos momentos ninguna solución habitacional de emergencia para esta familia, como tampoco hay "viviendas desocupadas en régimen de alquiler para adjudicar, existiendo una numerosa lista de espera para acceder a las mismas". "Actualmente la escasez de vivienda obliga a los solicitantes a estar en lista, a la espera de adjudicación, varios años", señalan.
