El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se ha pronunciado en un nuevo fallo que echa por tierra las aspiraciones de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida por mantener el control sobre la gestión de las 30.000 toneladas de basura diarias que se generan en la comarca, requeridas desde hace dos años por el Consorcio de Residuos (COR). La resolución emitida por los magistrados de la sección 5ª de la sala de lo contencioso-administrativo desestima el recurso de apelación interpuesto por la concesionaria de la Vall, Recisa, y eleva a firme una sentencia de primera instancia que en 2012 dictaminó la legalidad de los pliegos que rigieron la adjudicación del tratamiento y la eliminación de los residuos del territorio a la UTE Vytrusa, contratista del COR.
Recisa alegó, entre otras cuestiones, que el citado procedimiento vulneraba el artículo 22 de los estatutos del Consorcio, según el cual debían respetarse los acuerdos sellados por las entidades locales previamente a la puesta en marcha del COR para la prestación de servicios. Siguiendo el mismo argumento, la Mancomunitat hace valer su «Plan de Minimización» aprobado en 2001 para defender un modelo de autogestión de la basura que los municipios que la integran se han negado hasta el momento a dejar atrás. Sin embargo, la sentencia confirmada determina que dicha iniciativa es incompatible con el Plan Zonal de la Generalitat, que además es «de obligado cumplimiento». En función de estas resoluciones, como las localidades de la Costera y la Canal vienen haciendo desde 2012, la concesionaria de los ayuntamientos de la Vall d'Albaida debería limitarse a recoger los residuos y transportarlos hasta la planta de transferencias del COR, en Ròtova.
El último fallo del TSJ estrecha aún más el cerco sobre la entidad comarcal, amenazada por los tribunales y por la propia Conselleria de Medio Ambiente con multas coercitivas por incumplir la ley. La presión judicial se ha acrecentado en los últimos meses sobre todo en torno a la figura del presidente, Juan Puchades (PP), que ha recibido un requerimiento judicial que le advierte de las posibles consecuencias (en forma de sanciones e incluso de inhabilitación política) a las que se enfrenta si sigue desoyendo las órdenes del juez que emplazan a la Mancomunitat a poner fin a un conflicto que se eterniza. Ayer, Puchades, explicó a Levante-EMV que no quiere que ese escenario se produzca y admitió que a la entidad apenas le queda recorrido judicial para seguir con su insumisión. «Vamos a entrar (en el Consorcio), pero eso no quiere decir que hayamos tirado la toalla; vamos a luchar por que los vecinos paguen lo mismo posible», afirmó. El temor a que el recibo de los hogares se dispare en año electoral y a la cuantiosa indemnización que podría reclamar Recisa por la rescisión unilateral del contracto que liga a la empresa con la Mancomunitat son los principales quebraderos de cabeza que trata de resolver la institución comarcal, que aún mantiene un proceso en el Supremo contra el Plan Zonal, cuyo fallo podría conocerse en julio y que pasa por ser la última carta a jugar. Sin embargo, el letrado de la Mancomunitat compareció en la asamblea del lunes para informar a los representantes municipales de que el recurso no tiene prácticamente ninguna opción de prosperar, vistos los varapalos ya sufridos. Mientras tanto, la entidad comarcal quiere que el COR «aclare» el camino a seguir, que implicaría finiquitar el contrato actual con Recisa y dejar en manos de los ayuntamientos únicamente las competencias en materia de recogida y transporte de residuos. Las negociaciones entre ambas partes llevan rotas desde hace meses y los intentos de los dirigentes provinciales y autonómicos del PP por acercar posturas y zanjar la guerra han sido infructuosos.
12 sentencias avalan el proceso
El COR subrayó ayer que con el último fallo del TSJ se cierran todos los procedimientos administrativos abiertos contra el proceso de adjudicación de su proyecto de gestión, ratificado por 12 sentencias emitidas por diferentes tribunales. La resolución del Alto Tribunal, contra la que no cabe recurso alguno, impone las costas del procedimiento a Recisa. Los magistrados indican que la concesionaria de la Vall d'Albaida, en su apelación, «se limita a discrepar de la conclusión a la que llega la juez de instancia, y no estando de acuerdo, reitera los argumentos que expone en su demanda».
El presidente del COR, Vicente Parra, manifestó ayer de forma tajante que «con esta nueva sentencia, la justicia sigue ratificando la pulcritud del procedimiento seguido por el COR y que actualmente el Plan de Minimización al que apela la Vall no existe». Y añadió: «El PIR y el Plan Zonal marcados por la Generalitat son los responsables de la gestión de los residuos, por lo que Recisa y la Mancomunitat están gestionado actualmente sus residuos de manera ilegal».
