La planta de valorización de subproductos animales que una empresa proyecta en la Pobla del Duc con capacidad para tratar hasta 220 toneladas de residuos al día no tiene encaje dentro de la nueva política trazada por la Generalitat en materia ambiental. El secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Alvaro, expresó la retirada del apoyo de su departamento al conflictivo proyecto durante el transcurso de su intervención en l'Aplec Ecologista de Carrícola, el sábado.
La conselleria otorgó a la promotora durante la última legislatura todos los permisos requeridos para iniciar las obras. Tanto la Autorización Ambiental como la Declaración de Interés Comunitario, sin embargo, están ahora en los tribunales, recurridas por el Ayuntamiento de la Pobla, que aguarda una inminente resolución judicial que podría avalar su posicionamiento contrario a la planta de tratamiento y transformación de los restos en combustible debido a las dudas que genera el proyecto, ideado en una superficie de 6.000 m2 y rechazado de forma unánime por los municipios que integran la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. Durante la fase de tramitación administrativa, suscitó 2.655 alegaciones y 4.000 firmas en contra.
El alcalde, Vicent Gomar, mantuvo una reunión en conselleria hace dos semanas para abordar su paralización. Medio Ambiente está revisando el expediente de la infraestructura antes explorar las opciones que existen. La comparecencia de la consellera Elena Cebrián en las Corts para desglosar las líneas maestras del nuevo Consell en el área medioambiental, prevista para mañana, podría dar alguna pista del rumbo que seguirán los acontecimientos. Fuentes municipales sostienen que la salida más rápida pasaría por que el gobierno autonómico se retire de los pleitos que mantiene con el ayuntamiento tras la impugnación de los permisos ambientales dados por el anterior Consell del PP.
«Defectos graves» en el proceso
El consistorio impugnó hace un año la tramitación alegando que el proceso había omitido un informe vinculante de los técnicos municipales que cuestionaba la viabilidad de las instalaciones, proyectadas sobre un suelo «geológicamente inestable» y pensadas para tratar residuos animales considerados peligrosos. Este hecho supone, para la corporación, un «defecto grave de procedimiento» que debería servir para anular la autorización. La solución se antoja complicada, sin embargo, puesto que para la conselleria implicaría tener que reconocer errores en la gestión de sus técnicos. En caso de que el proyecto se suspenda, la empresa podría reclamar una indemnización por un elevado montante, de la que se tendría que hacer cargo la administración. En ese punto, las negociaciones entre la conselleria y la promotora para tratar de alcanzar un acuerdo „imposible con el consistorio„ podrían resultar determinantes en el desenlace del proceso.
