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El comprador de los terrenos se sitúa al frente de la empresa que gestionará la planta de la Pobla

Medio Ambiente mantiene los permisos de la instalación concedidos por el PP a la espera de que se resuelvan los contenciosos pendientes

El comprador de los terrenos se sitúa al frente de la empresa que gestionará la planta de la Pobla

El comprador de los terrenos se sitúa al frente de la empresa que gestionará la planta de la Pobla

La empresa creada para gestionar la planta de tratamiento y valorización de grasas animales proyectada en la Pobla del Duc, Sig Renovables, SL, ha designado a un nuevo administrador único a principios de este mes. Se trata de Francisco Miguel Soria Cases, el propietario de la firma con sede en Beniparrell —Grasas Valencianas, SL— que adquirió los terrenos para construir las instalaciones. Soria se sitúa al frente de un conglomerado de cuatro sociedades vinculadas a la misma actividad y es apoderado de Valgra, SA que facturó en 2014 más de 10,6 millones de euros con la fabricación de aceites y grasas.

Tanto Sig Renovables como Grasas Valencianas carecen de personal. La primera mercantil, enfocada a la gestión y transformación de productos agropecuarios, tiene oficinas en Valencia y no había registrado ningún movimiento en su estructura organizativa desde su constitución en 2009, dada su nula actividad. La segunda se dedica al comercio de grasas y harinas de origen animal, así como a la transformación, valorización y eliminación de subproductos animales para la elaboración de piensos. Sig Renovables está participada por otra empresa, que es a la vez su única socia. Se trata de Mer Caldera S.L., propiedad también de Soria Cases.

El nombramiento del empresario como administrador de Sig, publicado el 4 de diciembre por cauces oficiales, se produjo el mismo día en que éste abandonó el cargo que hasta ese momento había ocupado al frente de Grasas Valencianas, SL, firma que compró los terrenos de la planta de la Pobla, proyectada para tratar hasta 220 toneladas de subproductos animales al día. Desde el principio del proceso, tanto la plataforma vecinal como los ayuntamientos contrarios al controvertido proyecto pusieron el foco de sus sospechas en el hecho de que detrás de la compra del suelo y de la gestión de las instalaciones hubiera diferentes empresas de aparencia «fantasma» dedicadas a la misma actividad y vinculadas al mismo empresario. El pasado viernes, la última asamblea de la plataforma acordó en Otos retomar las movilizaciones para presionar al nuevo gobierno autonómico y frenar la iniciativa. Aunque el propio secretario de Medio Ambiente ha mostrado públicamente su oposición a la planta, la conselleria se ha topado con que no puede anular los permisos ambientales otorgados a la empresa promotora durante la anterior etapa de gobierno del PP por los problemas legales que entrañaría esta decisión, que supondría ir en contra de resoluciones avaladas por los técnicos de la propia administración.

Impugnación en los tribunales

La última palabra en el proceso la tendrán los tribunales. Antes de final de año podría iniciarse el contencioso interpuesto por el Ayuntamiento de la Pobla del Duc contra la Declaración de Impacto Comunitario (DIC) en el TSJ y, antes de abril, podría llegarle el turno al recurso contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida por la Generalitat. Estas impugnaciones mantienen las obras en stand by. El alcalde, Vicent Gomar, pidió a la conselleria que se retirara de estos pleitos, pero esta vía comporta también obstáculos jurídicos. El ayuntamiento remitirá a los jueces los informes de los técnicos municipales que advierten de irregularidades en el proceso de concesión de licencias y expresan dudas medioambientales por la ubicación de las instalaciones, planteadas en una zona de suelo geológicamente inestable, a tiempo que apuntan al amplio rechazo social que ha generado el proyecto en toda la comarca.

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