Desde que solicita una licencia para reformar un inmueble hasta que se la conceden, un propietario del casco antiguo de Xàtiva ha de aguardar casi lo que dura un embarazo: entre siete y ocho meses de media. Emprender una obra puede convertirse en una odisea por culpa de la lenta burocracia administrativa y de la intermediación de la dirección general de Patrimonio.
Para sortear este exasperante trámite y desatascar el tapón de expedientes que se acumulan en los cajones, el gobierno municipal de Xàtiva solicitó hace justo un año a la Conselleria de Cultura que delegara la facultad de autorizar las intervenciones de rehabilitación, nueva planta, demolición y ampliación en la Comisión Mixta del Patrimonio Histórico-Artístico, un órgano consultivo con técnicos municipales y autonómicos que vela por la conservación y puesta en valor del patrimonio de Xàtiva.
La resolución firmada por el conseller Vicent Marzà que da luz verde a esta petición se ha hecho de rogar, pero, desde ayer, por fin es oficial. La regidora de Urbanismo, Cristina Suñer, subraya que el trasvase de competencias es «fundamental» y «muy importante» para poder «descongestionar» el actual bloqueo de licencias hasta que se apruebe el futuro Plan Especial del centro histórico. Desde ahora, apunta la edil, muchos expedientes mínimamente conflictivos que antes terminaban recalando en València podrán abordarse en la Comisión, que se reunirá en Xàtiva previsiblemente la semana que viene y con una periodicidad como mínimo mensual. Desde que el tripartito resucitó en 2015 el órgano tras un parón de 10 años, solo se ha convocado dos veces. La suspensión del anterior arquitecto municipal y el eterno proceso para designar un sustituto -operativo desde principios de este mes después más de un año con la plaza vacante- ha contribuido a la parálisis, mientras el plan Arru de ayudas a la rehabilitación en el casco antiguo ha disparado el volumen de expedientes y de solicitudes de obra. De momento, se han aprobado 76 actuaciones en inmuebles de las 100 previstas, aunque el plazo no se cierra hasta el 11 de noviembre y, en los últimos días, se han presentado un buen número, con lo que Suñer confía en acercarse al objetivo inicial.
Plazo máximo de tres meses
La delegación de competencias autorizada por la conselleria obliga a la Comisión de Patrimonio a aprobar en menos de tres meses las solicitudes de obra registradas. En caso de sobrepasarse ese plazo, quedarán denegadas. La resolución excluye de las intervenciones sobre las que el ente municipal puede decidir aquellas que afectan a Bienes de Interés Cultural, a inmuebles en contacto con éstos o a obras en el subsuelo y de carácter arqueológico. Aquellas actuaciones que conlleven derribos integrales de viviendas y proyectos de urbanización que sobrepasen la conservación o restauración requerirán del voto favorable de la mitad más uno de los integrantes de la Comisión, incluido el del representante del órgano competente en materia de patrimonio.
