Los plenos del Ayuntamiento de l'Olleria no son aptos para cardíacos. Después de una pequeña tregua navideña, el PP forzó el martes una convocatoria extraordinaria que los populares aprovecharon para explotar la «pinza» que mantienen con el PSPV ahora que suman mayoría: ambos partidos de la oposición fijaron posturas compartidas en cuatro mociones con las que intentaron laminar a Compromís, que gobierna en minoría el consistorio desde hace un mes tras la expulsión de los dos concejales socialistas a raíz de las graves peleas internas entre socios.
Pero solo una de las cuatro propuestas fue votada: todos los grupos acordaron por unanimidad una modificación de la ordenanza que regula el impuesto de construcciones y obras, a petición del PP, para que los solicitantes no tengan que pagar en todos los casos la liquidación con carácter previo a la obtención de las licencias, que se demoran en el tiempo.
El alcalde, Julià Engo (Compromís), frenó la votación del resto de puntos apoyándose en un informe de la secretaría. A partir de ahí, la tensión entre los regidores fue en aumento. PP y PSPV reclamaron de nuevo que se aprobara la bonificación del 95% del impuesto de plusvalía municipal. Engo apeló al informe para subrayar que, antes de la aprobación, hay que abrir un periodo de consulta pública previa para que cualquier vecino pueda presentar sugerencias de modificación de la ordenanza. La negativa del munícipe a votar la propuesta despertó las críticas de la oposición. El portavoz del PP, José Vidal, manifestó que el citado trámite no era preceptivo conforme a la ley y señaló que no se ha exigido «en ninguna de las anteriores modificaciones de ordenanzas». El portavoz de PSPV, Héctor Such, acusó de «dejadez» al gobierno porque la medida -que supondría una reducción de ingresos de 178.000 euros- ya fue solicitada por los socialistas hace 10 meses y «tiene informes técnicos favorables». En un comunicado, el PP censuró el retraso de la entrada en vigor de la bonificación fiscal y dijo «que perjudicará a los ciudadanos».
Engo también se amparó en el criterio de la secretaría para que no se votara el punto más polémico del pleno: la modificación del régimen retributivo de los concejales del equipo de gobierno. Alegando que el ejecutivo ahora está en minoría, el PP formuló una propuesta para intentar revocar los acuerdos adoptados al comienzo de la legislatura que regulan la dedicación exclusiva de una teniente de alcalde y las dietas por asistencia a órganos de gobierno de los regidores, para tratar de imponer una dedicación parcial a todos los concejales del gobierno de 10 horas semanales con una paga de 12 euros brutos «por hora de trabajo efectivo». Eso sí, según la moción, los ediles deberían justificar «el inicio y el final de su trabajo en el ayuntamiento» fichando en el sistema informático, como hacen los empleados municipales.
El informe de secretaría, sin embargo, concluyó que la legitimidad para proponer las dedicaciones y cuantías corresponde en exclusiva al presidente de la corporación y consideró «no justificada» la alteración planteada. El PP cree que el escrito hace «una interpretación restrictiva y particular de la ley» e insiste en que la competencia para adoptar la medida corresponde al pleno. El 12 de diciembre, el PSPV presentó una instancia para que el alcalde y concejales delegados dejaran de percibir retribuciones.
La última moción popular, que pretendía «extinguir los contratos de periodista, publicidad y patrocinio en medios de comunicación» del gobierno tampoco se votó. Engo subrayó que «no hay contratos de publicidad y propaganda», sino facturas con medios de comunicación y de la periodista municipal «cuyo órgano de contratación no es el pleno», Apoyándose de nuevo en la secretaría, el alcalde indicó que la potestad de las contrataciones de menos de 100.000 euros corresponden al alcalde.
En su turno, Such dijo que Compromís solo gasta dinero en medios «procatalanistas e independentistas», a lo que Engo replicó sacando a colación unas facturas suscritas por el consistorio con Las Provincias y la Cope. En su comunicado, el PP L'Olleria tacha de «despótica», «irresponsable» y «perjudicial para los vecinos» la actitud del alcalde, a quien acusan de «pasar el rodillo» y de preferir gobernar en solitario «en vez de buscar el diálogo y el consenso».
Por su parte, Engo reiteró en el pleno que en todos los acuerdos se siguió «el procedimiento reglado», bajo el criterio de la secretaría. A juicio de alcalde, lo único que persigue la oposición con su estrategia es desestabilizar al gobierno.
