El Consorcio de Residuos (COR) que gestiona la basura de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora ha encajado un revés judicial cuya factura podría ascender a más de 600.000 euros. El juzgado de lo contencioso nº1 de València ha anulado, por ser contraria a derecho, la modificación contractual que el organismo impuso a la concesionaria Vytrusa en 2015, cuando Alicante alertó del «colapso» de las instalaciones de Fontcalent (donde hasta ese momento se trataba toda la basura de las cinco comarcas) y obligó al COR a derivar a la planta de Algímia d'Alfara 47.000 toneladas de deshechos.
Con tal de acomodarse al nuevo escenario, la gestora de la basura calculó un primer canon de transferencia y transporte que la contratista aceptó. Sin embargo, cuando ya se estaba ejecutando el servicio, el COR modificó sustancialmente a la baja el importe, sin ofrecer un nuevo trámite de audiencia a la empresa y sin solicitar el preceptivo informe al Consell Jurídic Consultiu (CJC), a pesar del perjuicio económico que comportaba para Vytrusa la resolución. Dos años más tarde, la jueza Mercedes Galotto ha dado la razón a la concesionaria, a la que reconoce el derecho de percibir los cánones definidos en el acuerdo inicial, con los precios actualizados al IPC.
El fallo condena en costas al Consorcio por saltarse el procedimiento legal con la UTE. El ente público, que achaca la condena a «un defecto de forma subsanable», va a recurrir la sentencia porque considera que «no entra en el fondo». El COR defendió su actuación apelando al «interés público y a las «causas sobrevenidas» derivadas de la imposibilidad de gestionar la basura en condiciones óptimas en el vertedero de Fontcalent. El ente atribuye a la contratista el incumplimiento del plan establecido para el periodo transitorio, que consistía en depositar la basura en las estaciones de Villena y Xixona hasta que estuvieran ejecutadas las instalaciones propias.
Vytrusa, en cambio, negó su responsabilidad, apeló a la imposibilidad técnica de cumplir las previsiones y argumentó en los tribunales que la prolongación indefinida de la actual «situación excepcional y transitoria» (todavía no hay fecha ni ubicación para las nuevas plantas) representa un importante perjuicio para sus intereses. La UTE pidió que se le reconociera el cobro de un canon de 27,192 €/tonelada por la transferencia y transporte de la basura desde la estación de transferencia de Rótova (donde la depositan los diferentes municipios) a la de Algímia, mientras que el COR estipuló un precio de 18 €/tn: el mismo que pagaba por llevar la basura a Alicante (pese a que la distancia era menor), apoyándose en una sentencia de 2016 favorable a sus intereses.
En esta ocasión, la magistrada estima los argumentos de Vytrusa. «La administración no puede adoptar una decisión que compromete gravemente los intereses económicos del concesionario sin darle trámite de audiencia», dictamina. En un principio, el COR sí escuchó a la UTE, pero, durante la tramitación, varió unilateralmente los términos propuestos, una vez conocido el citado fallo que le dio la razón respecto al precio abonado por el trayecto a Alicante. La contratista mostró su disconformidad con el cálculo de precios contradictorios, proponiendo un nuevo importe adicional que contemplara los traslados por autopistas de peaje, la ponderación en el canon inicial de la transferencia y el transporte de las actividades incluidas. Además, rechazó el sistema de revisión de precios planteado, del 85% del IPC, porque incumplía el pliego de condiciones.
Se acumulan los litigios
Entre 2012 y 2015, el COR envió a Fontcalent todos sus residuos a cambio de pagar un precio fijo y estable a Vytrusa. Sin embargo, tras las elecciones, el Ayuntamiento de Alicante hizo saltar por los aires el convenio suscrito con el COR y cerró la puerta a acoger más basura. La consecuencia es que los deshechos de las cinco comarcas se han tenido que repartir entre múltiples instalaciones de la C. Valenciana. Las sucesivas modificaciones contractuales han conducido a Vytrusa a interponer diversos contenciosos que podrían traducirse en condenas millonarias, a raíz de las fuertes discrepancias en torno al precio. El Consorcio y la UTE concesionaria llevan meses negociando un acuerdo, cuyos flecos se están perfilando, para intentar poner fin a la actual situación de inseguridad jurídica derivada de la litigiosidad, que compromete de manera notable las previsiones del COR y sus intentos de mantener la tasa intacta.
Múltiples frentes judiciales abiertos
Al Consorcio de Residuos (COR) se le acumulan los frentes judiciales abiertos con su concesionaria desde que Alicante cerró las puertas de Fontcalent a los deshechos de las cinco comarcas, en 2015. Sus 123.000 toneladas de residuos se distribuyen ahora entre distintos destinos. Para evitar que los costes de gestión se dispararan, el COR impuso a la contratista un precio fijo por la transferencia y el transporte de la basura, basándose en una sentencia de 2016 favorable a la institución en lo referente al canon por el traslado de los residuos a Alicante. Vytrusa denuncia que sufre un gran agravio económico por las distancias que han de recorrer sus camiones a diario. El COR aseguró en todo momento que los nuevos flujos no repercutirían en la tasa que pagan los vecinos. Una promesa que podría verse amenazada.
