Un jubilado de 70 años ha sido condenado a pagar una multa de 450 euros por un delito de apropiación indebida después de llevarse a casa los 550 euros que se encontró en el cajero de una sucursal de la Avenida Jaume I de Xàtiva cuando fue a retirar el dinero de la pensión. Los hechos ocurrieron en torno a las 11 de la mañana del 28 de marzo de 2016, un día festivo en el que la oficina del BBVA se encontraba cerrada. La cantidad extraviada era propiedad de otro cliente de nacionalidad rumana que denunció haber olvidado unos fondos que, inicialmente, creyó no haber extraído del banco.
El acusado, D. C., se defendió en el juicio asegurando que su intención no era «en ningún momento» quedarse con el dinero. «Sabía que todo estaba grabado y pensé que al día siguiente se pondrían en contacto conmigo, o bien el banco o la policía, porque sabrían quién soy». D. C. mantiene que aguardó un tiempo en el exterior de la oficina «por si acudía el propietario», pero terminó marchándose (según éste horas más tarde) hasta la localidad en la que reside habitualmente, cerca de València.
Pasada una semana del suceso, el jubilado recibió una llamada de un agente la Policía Nacional que lo citó en la comisaría para proceder a su detención. D. C. admitió lo sucedido y devolvió todo el dinero, manteniendo que ésa había sido su intención desde el principio. La sentencia del juzgado de instrucció nº1 de Xàtiva, sin embargo, le reprocha que «no hizo ninguna gestión ante la policía y no fue hasta que el agente se puso en contacto cuando admitió lo sucedido y devolvió el dinero», una actitud que la jueza compara con la del conductor que se salta un semáforo cuando no hay coches alrededor y que, siguiendo su razonamiento, vulnera el pacto de convivencia y confianza vecinal.
D. C., que alega que no fue a la policía «por ignorancia» y porque no supo cómo actuar en ese momento, considera la multa impuesta excesiva, cuestiona su defensa asignada de oficio y rechaza que se le tache de ladrón o que se le acuse de robar. «Nunca he hecho nada malo a nadie y me han amargado la vida», incide.
El denunciante no reclamó
El acusado, que percibe una pensión de 800 euros y no tiene antecedentes penales, sostiene haber sido víctima de una «trampa» premeditada. Pese a estar en su derecho, sin embargo, el damnificado no le reclamó una indemnización por daños y perjuicios y se consideró satisfecho con ver retornada la cantidad, acción que sirvió de atenuante. D. C. asegura que mantuvo una conversación con el denunciante antes de hallar el dinero y tras tener problemas para extraer fondos del cajero. Éste último contradijo la citada versión en el juicio, donde compareció con intérprete.
