Hasta no hace mucho, Risoncha, SLU, la empresa pública de Canals, podía presumir de ser una de las pocas mercantiles municipales que generaba beneficios . Durante la presente legislatura, en cambio, la situación ha experimentado un vuelco: la firma encadena pérdidas económicas y su gestión está en entredicho, en medio de un escenario que ha obligado al consistorio a aprobar inyecciones extraordinarias de capital para garantizar su supervivencia.
La auditoría encargada por la alcaldía ante las crecientes sombras que se cernían sobre el funcionamiento de la empresa, que ha terminado con la salida del PSPV del equipo de gobierno, refleja «mala praxis» y un desfase contable que ha tenido que ser reformulado a posteriori. Al consejo de administración se presentaron unos beneficios de 10.000 euros en 2016, cuando el informe señala que, en realidad, el ejercicio se habría liquidado con un balance negativo de 7.000 euros. En 2017, las pérdidas habrían rondado los 37.000 euros, según indican fuentes del consistorio.
Para hacer frente al déficit de Risoncha, el ayuntamiento autorizó una subvención de 40.000 euros en 2016 y aportó otros 20.000 euros en 2017, esta última cantidad destinada a pagar las nóminas de los trabajadores para evitar el cierre de la empresa, que da trabajo a personas con dificultades para la inserción laboral. El equipo de gobierno ha abierto una investigación interna para determinar porqué no cuadraban las cuentas y si hubo una operación de maquillaje, alguna irregularidad o simplemente un error administrativo. De momento, los tres socios del ejecutivo (GdC, Compromís y EU) han retirado las competencias al portavoz socialista y concejal de Hacienda, Antonio Orea, delegado de Risoncha hasta el mes febrero, por «falta de confianza».
El portavoz municipal del PP, Toni López, recordó ayer que, bajo la gestión del cuatripartito, la empresa pública ha perdido diversas subvenciones autonómicas cuyo montante rebasaría, según éste, los 60.000 euros. A ello hay que sumar otras deficiencias graves que amenazaron la continuidad de la firma y que han podido subsanarse pese a que estuvieron un largo tiempo sin ser atendidas.
«Ahora nos encontramos con que todo no era lo que parecía sino que, además, las cuentas presentadas en 2016 no eran correctas y no mostraban la situación real de la empresa», censura el PP. Los populares piden «que se haga todo lo posible para evitar la liquidación» de Risoncha, mientras el equipo de gobierno estudia la fórmula para reconducir el modelo de gestión (la auditoría propone alternativas) y garantiza su superviviencia. López sostiene que, en 2015, el PP dejó Risoncha «con 90.000 euros de liquidez en el banco: la empresa era solvente, daba beneficios y no había ningún problema en pagar las nóminas ni era necesario hacer aportaciones». «En tres años ese dinero ha desaparecido y el ayuntamiento ha tenido que hacer dos inyecciones de 60.000 euros», lamenta el regidor, que advierte de las familias que pueden verse afectadas por la situación. El PP exige que se revise a fondo la gestión de la mercantil para saber cómo ha pasado «de un extremo a otro», antes de reclamar responsabilidades.
El PSPV cuestiona la contratación
El PSPV, por su parte, reiteró ayer su rechazo a los resultados de la auditoría apelando a la falta de transparencia en su contratación, según los socialistas sin su conocimiento. Para el PSPV, el informe contraviene la ley porque solo se centra en el ejercicio de 2017, cuando debería prolongarse a los últimos tres años. Los socialistas recalcan que se analizan cuentas ya fiscalizadas favorablemente por la Intervención y la secretaría general del ayuntamiento, que «no pusieron ningún reparo» en su día.
