Al tripartito GdC-Compromís-EU que gobierna Canals se le va a hacer muy cuesta arriba el tramo final de legislatura. Acorralado y debilitado por una oposición mayoritaria en el ayuntamiento tras la salida del PSPV, el ejecutivo que preside Ricardo Requena naufragó ayer en sus intentos de aplazar el debate sobre el recorte de sueldos y competencias que el PP había puesto encima de la mesa, forzando un pleno extraordinario. Las dos mociones de los populares fueron aprobadas, aunque enmendadas y matizadas.
La primera devuelve al pleno municipal la potestad de decidir sobre ocho materias que en 2015 fueron delegadas en la junta de gobierno, como la concertación de créditos, la aprobación de proyectos de obras y servicios, las contrataciones y concesiones que superen el 10% de los recursos municipales o la solicitud y resolución de subvenciones, entre otras. De esta forma, la oposición ata en corto al gobierno local y se asegura un mayor control sobre la gestión del ayuntamiento. Aunque el PP también pidió que la alcaldía devolviera sus competencias delegadas del pleno, finalmente retiró este punto de la moción a instancias de Reiniciem, que alertó de que se entorpecería excesivamente el funcionamiento del consistorio.
La segunda propuesta que salió adelante obliga al alcalde a presentar «en tiempo y forma» una redistribución de los sueldos de los miembros del equipo de gobierno «que pueda obtener el apoyo de la mayoría del pleno» y que se ajuste a la nueva realidad de un ejecutivo en minoría. También a petición de Reiniciem, en esta moción el PP aceptó borrar el primer punto, que abogaba por dejar sin remuneración a los concejales y el alcalde a partir del 1 de diciembre si no se consensuaba un recorte de salarios antes. «Si cambia el gobierno y hay una modificación de delegaciones ha de cambiar la dedicación y las retribuciones, pero no podemos permitir que estén trabajando sin cobrar», dijo Vicent Tornero (Reiniciem). Finalmente no se puso fecha al primer edil para presentar los cambios, lo que motivó la abstención del PSPV, que dudó del cumplimiento del texto. Antoni Orea, recordó que su grupo había presentado con anterioridad una moción similar.
El alcalde se aferró a un informe jurídico desfavorable de 41 páginas emitido el miércoles por la secretaría municipal a petición suya para proponer que el pleno de ayer se pospusiera hasta que el Consell Jurídic Consultiu se hubiera pronunciado sobre la legalidad de las iniciativas populares. Requena advirtió a los regidores de las implicaciones de un posible contencioso en contra del acuerdo, pero la oposición interpretó su estrategia como una maniobra para eludir el debate, a tiempo que se quejó de la falta de tiempo para poder leer el informe, así como de la hora a la que se había fijado el pleno (10.30 horas), cuando la mayoría está trabajando. Pese a las reticencias iniciales, PSPV, Reiniciem y PP consiguieron que el secretario desgranara las claves de su documento. En ese momento se comprobó que las objeciones jurídicas hacían referencia a cuestiones terminológicas y de procedimiento que la oposición consideró salvables, como el uso en las mociones del verbo «derogar» en lugar del más correcto «revocar». El PP modificó el contenido para darles luz verde.
«Politicucha»
Mientras todo estos asuntos se discutían y las propuestas iban siendo limadas, la tensión fue creciendo en el ambiente y derivó en cruces de reproches y salidas de tono entre los concejales. El alcalde aseguró que la retirada de competencias a la junta de gobierno «ralentizará los procesos administrativos» y manifestó que tanto él como el primer teniente de alcalde deberían cobrar más. «Estamos pagando la penitencia de los excesos del pasado. Hemos puesto en la mesa un debate que nos perjudica a todos y a las familias que hay detrás», afirmó. Joan Carles Pérez, (Compromís), acusó a la oposición de hacer «politicucha».
