La Asociación No Más Canteras de Enguera ha presentado una batería de alegaciones a la versión preliminar del Plan General Estructural (PGE) para intentar frenar la ordenación que triplica el suelo minero hasta las 87 hectáreas, en fase de información pública. El colectivo ha registrado un documento de 33 páginas donde detalla sus tesis, apuntaladas por dos informes periciales encargados a sendos especialistas que analizan la problemática desde los ámbitos arqueológico y topográfico.
Los dos estudios advierten de «errores y omisiones» en la delimitación de una serie de elementos patrimoniales y etnológicos protegidos que se verían afectados por las nuevas explotaciones mineras previstas pero que no aparecerían correctamente ubicados dentro de la superficie dedicada a las canteras en los planos del PGE.
Después de una revisión practicada sobre el terreno, el arqueólogo Rafael Rubio hace especial hincapié en el «riesgo de desaparición» que podría correr la Cañada Rufina II, un yacimiento subterráneo de cronología medieval señalizado en el catalogo de Bienes y Espacios Protegidos «a unos 300 metros al norte de su ubicación real», a solo 130 metros del límite de una de las nuevas zonas mineras. El informe alerta de que los materiales de esta galería de captación de agua destinada al riego «son poco consistentes», por lo que las «actuaciones cercanas con maquinaria pesada o explosivos pueden provocar su derrumbe».
Unidad paisajística de entidad
Por otro lado, el arqueólogo también certifica la existencia en la zona de afección de dos 'cucos'- construcciones de piedra en seco características de Enguera- que no estarían catalogadas en el Plan General pese a tratarse de Bienes de Relevancia Local. El especialista también observa «la entidad de otras construcciones elaboradas con la misma técnica que modelan el paisaje, formando una unidad paisajística con un gran valor patrimonial» y que debería preservarse. Los cucos documentados por el especialista se sitúan a unos 500 metros uno de otro, en un entorno en el que coexisten con diversos márgenes de piedra en seco de carácter «casi monumental».
Otro informe pericial firmado por el ingeniero técnico topográfico Vicente Javier Castell tras practicar una serie de mediciones coincide en reseñar «deficiencias» en el Plan Estructural «en cuanto a la correcta georeferenciación de varios elementos», entre los que se señalan determinadas vías pecuarias. La Asociación No Más Canteras señala que las conclusiones de los estudios «son demoledoras» y censura que «no se han respetado bienes patrimoniales prioritarios y protegidos». El colectivo recuerda la existencia de diversas viviendas dentro del perímetro de afección de 500 metros del suelo minero cuya realidad tampoco es tenida en cuenta (no se refleja el uso residencial) pese a su preexistencia y a que «resultan incompatibles con la zonificación minera», según las alegaciones.
La asociación observa «una agresión jurídica sin precedentes» e invoca jurisprudencia diversa para tratar de rebatir las tesis del equipo redactor del Plan, que defiende que los derechos mineros adquiridos han de quedar reflejados obligatoriamente. No Más Canteras considera incumplido el principio de sostenibilidad por el que aboga el documento de ordenación, al enclavarse la superficie minera en espacios con diversas protecciones ambientales.
