Tres horas de sesión, trece comparecientes citados a declarar y un único acusado en el banquillo. El juicio por el presunto amaño de las obras de rehabilitación y cubrición de la plaza de toros de Xàtiva quedó ayer visto para sentencia 14 años después de la polémica adjudicación del contrato de 6 millones de euros que desplegó la constructora Llanera en colaboración con la empresa de ingeniería CMD. La Fiscalía considera acreditado que el arquitecto municipal del ayuntamiento, Antonio Vela, incurrió en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias a tenor de las pruebas practicadas y del testimonio recabado a los testigos que desfilaron por la sala del juzgado de lo penal nº12 de València, entre ellos el que era alcalde de Xàtiva en el momento de los hechos, Alfonso Rus, y su sucesor en el cargo, Roger Cerdà, personado como acusación particular en la causa.
El Ministerio Público ha decidido mantener la petición de 2 años de cárcel y 17 de inhabilitación para el arquitecto, acusado de valerse de su condición de funcionario público y jefe de la oficina técnica del consistorio de Xàtiva para influir en la contratación de las obras en 2005 a cambio de una supuesta gratificación económica. El procedimiento parte de una denuncia de la Fiscalía y se sustenta en buena medida en la comprometedora documentación aportada por dos colaboradores de Vela con los que éste mantuvo unos desencuentros que desembocaron en litigios judiciales.
La piedra angular del sumario la constituyen una serie de correos y faxes anteriores a la difusión oficial de los pliegos del concurso de reforma de la plaza de toros que demostrarían la existencia de un «trasiego de información privilegiada» presuntamente facilitada por el arquitecto municipal a las empresas que terminaron asumiendo el contrato. El mismo día en que se adjudicaron e iniciaron las obras, Vela giró sendas facturas a CMD por un importe total de 15.000 euros. Según el Ministerio Público, estos pagos fueron la contraprestación que habría obtenido el empleado municipal a cambio de emitir un informe decisivo para la contratación de Llanera, a pesar de que esta empresa no tenía experiencia en rehabilitar patrimonio y presentó una oferta más cara que la de su competidora, Geocisa, que sí la tenía.
La defensa pide la absolución
En el juicio, la defensa pidió la absolución del encausado, a quien desligó de los delitos que se le imputan. En su comparecencia, Vela negó cualquier irregularidad y atribuyó la facturación con CMD a unos supuestos honorarios profesionales relacionados con labores de asistencia técnica en diversos proyectos urbanísticos desplegados en Manises o en el polémico PAI Nou Mil.lenni de Catarroja, en los que habría colaborado con otros arquitectos con anterioridad a las obras de la plaza de toros. «No fue una contraprestación a cambio de información: lo he dicho mil veces y al final ofende mucho que me lo digan», dijo Vela, cuya letrada llegó a tachar de «ridículo» que éste cobrara 15.000 euros a cambio de una obra de 6 millones.
Tanto la fiscal, Mª Carmen Nicasio, como la acusación particular, ahondaron en la falta de justificación de esos trabajos y ningún testigo apuntaló las tesis del arquitecto de Xàtiva. Los socios de la ingeniería CMD, que se encargó de redactar el proyecto del coso y de la dirección técnica, declararon que su relación profesional con Vela surgió a raíz de esta obra y que no habían mantenido ningún contacto previo con el funcionario. Interrogado por otra factura posterior a los trabajos del coso para ejecutar dos viviendas unifamiliares en Moraira, el arquitecto respondió que se limitó a buscar una parcelas en su pueblo natal tras indicar que, a raíz del trabajo de Xàtiva, surgió «una buena relación» con CMD. «Solo les hice un boceto y no cobré: fue uno de esos trabajos desagradecidos que hacen los arquitectos para los amigos y en los que nos quedamos con la ilusión y el arte», mantuvo.
Pese a dirigir la oficina técnica municipal, Vela lanzó balones fuera respecto a su papel en el concurso de la plaza de toros. El funcionario, que respondió a todas las preguntas de las partes, acaba de reincorporarse a su puesto en el Ayuntamiento de Xàtiva después de tres años suspendido sin empleo y sueldo por trabajar para el sector privado pese a no tener reconocida la compatibilidad. En el juicio, donde se mostró como una víctima de las actuaciones de otros empleados y de los gobiernos municipales, declaró que él solo se encargó de «una pequeña parte» técnica del pliego de condiciones que circunscribió a «los materiales y las normas elementales».
La defensa trató en todo momento de minimizar la importancia del informe emitido por el funcionario que decantó la adjudicación final a favor de Llanera. Vela afirmó que su propuesta no era vinculante porque «a veces lo encargan a otro o no hacen caso», incidiendo en que también fue firmada por el aparejador municipal, tras valorar si la oferta del licitador se ajustaba «a lo que quería el ayuntamiento» en materia técnica. El arquitecto descargó en el alcalde y el vicesecretario la responsabilidad sobre el concurso y la adjudicación definitiva y puso el foco sobre el plazo «cortísimo» de 13 días que dio el consistorio a las empresas para presentar sus propuestas. Sin embargo, Alfonso Rus y Roger Cerdà coincidieron ayer en declarar que el informe técnico emitido por Vela era vinculante y decisivo en la contratación. «Nunca ha habido un cambio contrario al criterio de un informe de los técnicos», manifestó Rus.
Otra clave del proceso en la que hizo mucho hincapié la fiscal en el juicio son las mejoras de 540.000 euros que Llanera se comprometió a ejecutar en la plaza de toros y que resultaron determinantes para que la constructora se hiciera con el contrato, pero que no se vieron reflejadas en las certificaciones de las obras, tal como declaró uno de los peritos citados por la sala. Para el Ministerio Público, «las mejoras no tuvieran compensación alguna», por lo que se considera que, junto a Vela, la empresa Llanera «se benefició de esa cantidad de dinero que no se descontó ni se aplicó» en perjuicio de las arcas municipales. Vela, que tenía la función de supervisar los trabajos y de comprobar que se ejecutaban, declaró que sí se realizaron «la mayoría de mejoras», aunque reconoció que no comprobó si cada partida se había llevado a cabo «exhaustivamente» y adujo que no podía acordarse porque «en aquel momento el ayuntamiento estaba haciendo 22 o 23 obras»: «fue una experiencia que no repetiría en mi vida», sentenció. En su alegato final, Vela aseguró que se encuentra «desolado» como consecuencia de la causa judicial.
Pruebas «no verificadas»
La acusación particular pide para el arquitecto municipal 30 meses de cárcel y 10 de inhabilitación, al incluir entre los delitos en los que habría incurrido el de negociaciones prohibidas, por «aprovecharse de su condición de funcionario para beneficiar a una empresa con la que tenía intereses indirectos».
La defensa del encausado trató de desvirtuar las pruebas ratificadas ayer por los testigos, entre las que figuran comunicaciones que probarían que CMD y Llanera conocían las bases del pliego de condiciones de la reforma de la plaza antes que el resto de posibles licitadores. Un extremo que negaron varios exresponsables de ambas empresas llamados a comparecer. La letrada de Vela dijo que las acusaciones son «meras suposiciones» no verificadas y sugirió que los correos incriminatorios podían estar manipulados.
Por último, los exregidores Cristina Suñer y Rafael Llorens y el alcalde Cerdà declararon de forma exprés para señalar las sospechas de irregularidades y confirmar que la propuesta de Llanera no era la más ventajosa para el consistorio.
