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Tribunales

El TSJ ratifica la orden de derribo de la vivienda de un exconcejal del PP pendiente desde 2014

La sentencia valida la resolución del Ayuntamiento de Benicolet e impone las costas al propietario

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el exconcejal del PP de Benicolet y expresidente local del partido sobre cuya vivienda unifamiliar aislada pesa una orden de demolición de obras ilegales desde 2014. El último pronunciamiento judicial, hecho público hace escasos días, confirma la sentencia de primera instancia que en 2015 validó el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística seguido por el ayuntamiento de la localidad contra V.C.S., al que se le imponen las costas ocasionadas con su último recurso, fijadas en la cuantía de 900 euros.

El litigio entre ambas partes viene de lejos y ha generado una maraña de resoluciones de distinta índole que dilatan el proceso y que han derivado en multas coercitivas al propietario por incumplir las órdenes de demolición. El origen se remonta a 2009, cuando el Ayuntamiento de Benicolet fue condenado a anular la licencia de obras inicialmente concedida dos años atrás al exedil del PP en suelo no urbanizable. La Generalita denunció el caso en los tribunales y, con posterioridad, instó al consistorio a dar cumplimiento al fallo.

En su recurso ante el TSJ, el propietario adujo la posibilidad de legalizar las obras sin la necesidad de demolerlas y apeló a la prescripción de las irregularidads.Según el afectado, la agrupación de tres fincas en una única superior a 10.000 m2 debería permitirle subsanar las deficiencias que anularon la licencia. El exregidor invoca un expediente administrativo autónomo seguido por la administración demandada para defender que cumple la normativa y que la situación va a normalizarse.

Sin embargo, todos estos argumentos no han convencido a los magistrados de la sección 1ª de lo contencioso del TSJ, que cuestionan las posibilidades de regularizar la construcción y desestiman la apelación. En cualquier caso, la sentencia no es firme y admite recurso. En 2015, la oposición denunció el retraso en el cumplimiento de la restauración de la legalidad en este y otros casos en la localidad a pesar de la acumulación de resoluciones judiciales.

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