El Ayuntamiento de Benissuera (180 habitantes, la Vall d'Albaida) ha solicitado adherirse al fondo de rescate habilitado por el Ministerio de Hacienda para entidades en situación de riesgo financiero, una llamada de auxilio ante la necesidad urgente de afrontar la deuda que estrangula la economía local. El último golpe a la corporación municipal se lo ha asestado el juzgado de lo contencioso nº1 de València: una sentencia obliga al consistorio a abonar 107.835 euros a la Mancomunitat de la Vall d'Albaida por una serie de facturas pendientes desde hace varias legislaturas vinculadas con el servicio comarcal de la basura. El importe equivale a más del 60 % del presupuesto anual del pequeño pueblo.
El organismo supramunicipal acudió a los tribunales frente a la «inactividad» del ayuntamiento respecto a la reclamación del histórico pasivo acumulado. El consistorio de Benissuera se desentendió del procedimiento judicial y no respondió a los requerimientos para personarse ni contestó a la demanda de la Mancomunitat, que ganó automáticamente el pleito. La magistrada impuso a la entidad local las costas del proceso y añadió unos intereses de 11.118 euros a la cuantía de 97.716 euros adeudada.
Según ha podido saber este diario, ambas partes en litigio habían llegado previamente a un pacto extrajudicial con vistas a que el ayuntamiento, una vez condenado, pudiera acogerse a la línea extraordinaria de créditos a bajo interés que ofrece el Gobierno Central a través del Fondo de Ordenación, un balón de oxígeno brindado a aquellas corporaciones enfrentadas a sentencias firmes inasumibles que pueden provocar graves desfases de tesorería y poner en riesgo la prestación de servicios públicos o el pago al personal y a proveedores.
Pero el PP de Benissuera ha puesto el grito en el cielo. El portavoz del grupo popular, Antonio Pérez-Sanchis, lamenta los costes aparejados a la nueva operación de endeudamiento y acusa al equipo de gobierno socialista de «sentenciar» al ayuntamiento «con su «inacción recurrente y deliberada» por «una decisión política». El regidor reprocha al ejecutivo que no recurriera la sentencia de primera instancia pese a que «cabía esta posibilidad» o que no evitara llegar a juicio con la Mancomunitat mediante un acuerdo que podría haber ahorrado a la población los intereses judiciales y las costas del pleito. Los populares advierten del impacto del nuevo crédito sobre la hacienda local y recuerdan que el municipio aún arrastra otro préstamo anterior contraído a raíz del Plan Montoro. El pasivo bancario de Benissuera es, de hecho, el segundo más elevado de la Vall d'Albaida: asciende a 956 euros por habitante, según los últimos datos oficiales. «Ahora hay que sumar una nueva carga importante a los presupuestos de los próximos ejercicios, con el consiguiente perjuicio a los vecinos», sostiene Pérez-Sanchis, que incide en que el consistorio ha tenido que aprobar un plan de ajuste a diez años vista para garantizar la disponibilidad de recursos como condición obligatoria para acogerse al Fondo de Ordenación, cuya solicitud se abordó en un pleno celebrado la pasada semana.
La Mancomunitat planteó la idea
El alcalde, Antoni Soler, asegura que la estrategia seguida por el ayuntamiento constituye «la única solución posible» ante un pasivo «que no podemos pagar de otra forma» porque los bancos se niegan a abrir más el grifo. Soler señala que la Mancomunitat sugirió la fórmula de que fuera el Gobierno el que asumiera la carga con un préstamo «a muy bajo interés». El alcalde atribuye la problemática a «unas facturas no reconocidas que estaban en el cajón» de legislaturas anteriores , cuando el consistorio -en época del PP- dejó de abonar el servicio de la basura «y la pelota se fue haciendo grande». Soler desconoce por qué esa deuda no entró en el Plan de proveedores de 2012, pero afirma que su primera medida como alcalde «fue comenzar a pagar» a la Mancomunitat. En 2015, el pasivo de Benissuera superaba el presupuesto municipal. En la última legislatura, se redujo de 271.000 a 172.000 euros.
En el PP, sin embargo, temen las consecuencias futuras de la condena judicial si Hacienda no acepta incluirla en el fondo de rescate.
